La jueza María Servini apunta a convalidar la solicitud y cuando clausure la investigación estarán a un paso de juicio oral. El pedido de la fiscalía también alcanza al extitular de AFA Luis Segura, y al exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.
En la causa se acusó a los imputados de no cumplir con el objetivo principal del programa que era el saneamiento de los clubes de fútbol de primera. Para Taiano, Capitanich y Fernández como jefes de Gabinete “no han cuidado ni controlado los ingresos generados por el Programa Fútbol para Todos”. Es decir, no velaron el correcto uso de los fondos públicos que ingresaban a los clubes. Para el fiscal “hubo una decisión política en 2009 instrumentada desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo, consistente en la participación estatal en la actividad de difusión del fútbol profesional, para lo cual se celebró un contrato con la AFA, según el cual el Estado consideró que el producido de la comercialización de los derechos televisivos adquiridos a la AFA no sólo habría de cubrir el precio de dicha contratación, sino que incluso habría de generar un ingreso superavitario adicional que habría de fomentar también uno de los fines centrales de la Secretaría de Deportes de la Nación, que era el fortalecimiento del deporte olímpico”.
“A ello debe sumarse que también se encuentra documentado en la causa que el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que, según la veeduría, sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP”, dictaminó el fiscal.
Se trata de la causa iniciada el 26 de mayo de 2014, a raíz de la denuncia efectuada ante la justicia por parte de la actual diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, en su carácter de, por ese entonces, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos denunciados consistieron en cambios del precio anual fijado en el convenio (iba incrementándose año a año), sin hallarse debidamente preestablecidos, y el irregular manejo de la pauta publicitaria, lo que habría traído aparejado cuantiosas pérdidas económicas y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para la transmisión o retransmisión de los partidos de fútbol concernientes al acuerdo. Además, según recordó el fiscal, la denunciante destacó que existían serias sospechas de que la AFA no cumpliría con la entrega de dinero a los clubes para mejorar su situación económica, o bien las instituciones lo desviarían sin el debido control del Estado. Eran épocas del todopoderoso Julio Grondona al frente de la entidad.
Para el fiscal, Capitanich y Fernández como jefes de Gabinete “no han cuidado ni controlado los ingresos generados por el Programa Fútbol para Todos”. Omisión de controles. Irán a juicio además Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús. Además, los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano. Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas Agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco, único auspiciante “privado” que tenía el programa.
