Lavado I: suspenden la audiencia donde se iba a analizar la preventiva de Rey y otros imputados

El juez de Garantías Nº 2, Horacio Sandoval, lo resolvió ante la solicitud de las defensas y también de las partes querellantes. Dijo que el objetivo es “ordenar procesalmente la audiencia de oposición en relación con las partes que no solicitaron la suspensión, y salvaguardar los derechos y garantías esenciales de todas ellas”.

Héctor Sandoval, titular del Juzgado de Garantías Nº2 de Resistencia

El Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia decidió diferir para el 13 de junio, a las 9, la audiencia de oposición a las prisiones preventivas dictadas por el equipo de fiscales provinciales contra el exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey; el exsubsecretario de Políticas Comunicacionales, Paulo Buttice; y César Zibecchi. En tanto, suspendió el planteo de oposición a la preventiva del exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, Carlos Osuna, Miguel Vilte y María Laura Aguirre.

Según se informó desde el área de Prensa del Poder Judicial, la decisión la tomó el juez Héctor Sandoval en virtud de los planteos de suspensión de la audiencia, que debía celebrarse este jueves, realizados por los abogados Aldo Sánchez (en representación de Lugo, Osuna y Vilte), Lucas Santa (por Aguirre), además de los efectuados por la parte querellante que representa al gobierno provincial y por el equipo fiscal interviniente.

Sandoval fundamentó su resolución en la necesidad de “ordenar procesalmente la audiencia de oposición en relación con las partes que no solicitaron la suspensión, y salvaguardar los derechos y garantías esenciales de todas ellas”.

Según explicó a CHACODIAPORDIA.COM el abogado querellante en representación del Estado provincial, Marco Molero, se está a la espera de que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia resuelva el planteo de la defensa de Horacio Rey contra la confirmación del equipo de fiscales que integran Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba y también de la participación de dos querellantes particulares representados por la Fiscalía de Estado y el propio Marco Molero.

“Siendo un tema central a dirimir el de la prisión preventiva de los imputados, el mismo debería hacerse cuando se sepa concretamente a qué operadores se le ha reconocido legitimación procesal penal activa para tomar intervención en la causa, máxime considerando que tanto los fiscales como la querella integran la acusación”, explicó el abogado.

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