El vicegobernador del Chaco y exintendente de Campo Largo, Daniel Capitanich, es uno de los exjefes comunales citados por el juez federal, Claudio Bonadío, en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de unos 600 millones de pesos que recibieron casi dos centenares de municipios de todo el país para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013 y 2015. Capitanich deberá comparecer el 29 de agosto.
“No tenemos nada que esconder así que no hay ningún tipo de inconveniente”, dijo Capitanich, en declaraciones a CIUDAD TV. El vicegobernador afirmó en este sentido que durante su gestión como intendente “hemos realizado obras trascendentales en Campo Largo”.
En este marco, consideró que “cada uno de los intendentes irá a mostrar su esquema de rendición y su trabajo desarrollado”. “Nosotros tenemos muy claro nuestro trabajo realizado en Campo Largo lo cual también fue rendido en tiempo y forma durante mi gestión así que no tengo ningún tipo de inconveniente en esto. Y obviamente me parece bien que podamos mostrarle a la Justicia todo lo que hemos desarrollado”, dijo.
“Hemos tenido una intervención permanente del gobierno nacional en la municipalidad de Campo Largo debido a que hemos logrado generar una transformación importante en el marco de obras en nuestra localidad y por supuesto en esta nebulosa judicial que hay a nivel nacional nosotros mostramos cada una de las cuestiones que piden los jueces. Me parece bien la independencia judicial y tenemos que ser cautos y respetuosos en los procedimientos”, aseveró.
Convocados
Cabe recordar que además de Capitanich, el juez Bonadío convocó a ex y actuales jefes y jefas comunales provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y también del Chaco.
Según publicó la revista La Tecla, los chaqueños citados son: Claudia Panzardi (Laguna Blanca); Mateo Daniel Capitanich (Campo Largo); Gustavo Karasiuk (Pampa del Indio); Ángel González (Capitán Solari); Francisco Winnik (La Escondida); Alfredo Pastor (Du Graty); Gustavo Steven (Santa Sylvina); Carlos Andión (Pampa del Infierno); Hugo Sager (Puerto Tirol); Walter Correa (Fuerte Esperanza); Alicia Leiva (Colonias Unidas); Eladio Aguirre (Charadi); Elba Lezcano (Samuhu); Jorge Batalla (Presidencia Roca); Aldo Leiva (General San Martín); Susana Simonfski (Villa Ángela); Gerardo Cipolini (Sáenz Peña); Jorge Rodriguez (Vedia); Oscar Nievas (Castelli); José Carbajal (La Leonesa); Carlos Palacios (Tres Isletas); Pedro Bodnarczuk (Chorotis); Lorenzo Heffner (Bermejito); Héctor Vega (Machagai); Carlos Ibañez (Taco Pozo); Pedro Maidana (Colonia Elisa); Antonio Rodas (Fontana); Estela Mitoire (Eduvigis); Diógenes Requena (Hermoso Campo); Rosario Ávalos (Eva Perón) y Alfredo Zamora (Quitilipi).
Panzardi será la primera en declarar. Está citada para el 28 de agosto. En tanto que el último será Alfredo Zamora, quien tiene fecha para el 26 de octubre.
Cabe recordar que el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos demandó 604.529.670 pesos y se cree que es la suma de la defraudación. Para el Juez Bonadío, hubo una “transferencia irregular de sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios” para lo que denominó “supuestos proyectos” de remediación ambiental.
En la citación a indagatoria, se señaló a los intendentes como “partícipes de las maniobras” investigadas y se señaló que gran parte de los municipios “no cumplieron con lo acordado” en la aplicación de fondos.
Los fondos correspondientes se giraban desde la Nación hacia los municipios. Los convenios eran aprobados por el Jefe de Gabinete para finalmente, transferirse el dinero al municipio requirente.
SIGEN
La causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Medio Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que detectó varias irregularidades: carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.
El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.
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