Vigay: “Se probó que fue sistemática la violencia sexual para quebrar a los detenidos”

El fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, destacó los alcances del fallo del Tribunal Oral Federal que condenó a expolicías chaqueños por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia entre 1975 y 1977. Además, ponderó que se probaron los delitos de privación ilegítima de la libertad y la violación a detenidos políticos como delito autónomo.

En declaraciones a CIUDAD TV y RADIO CIUDAD, el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia valoró que la condena contra los represores por la causa Caballero II –difundida ayer por el Tribunal Oral Federal de Resistencia- haya contemplado los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y las violaciones a las y los detenidos políticos cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia durante el período comprendido entre los años 1975 y 1977.

“Esta condena de Caballero II viene a consolidar todo el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en el Chaco como fueron las causas Caballero I y de la Masacre de Margarita Belén”, reflexionó Vigay. Y recalcó que “en todos los casos han sido condenados, se tomó en cuenta el relato de las víctimas, que muchas veces tienen la particularidad de que estaban vendadas, esposadas, perdían la noción del tiempo, el sentido de la ubicación”.

“Es muy complejo para quién ha sido víctima de este tipo de crímenes poder lograr la reconstrucción cabal, los torturadores se escondían a través de pseudónimos, estaban todos de civil, entonces es muy difícil para la víctima lograr una reconstrucción íntegra y una identificación plena y más cuando han tenido que testimoniar en distintas circunstancias y cada uno de esos testimonios es volver a revivir toda esa situación tan traumática y dramática que han vivido”, sostuvo.

“Estas sentencias tienen un sentido reparador y cada una de las víctimas así lo expresan”, ponderó.

Lo más destacado

“Por primera vez, a diferencia del primer juicio, se consideraba si los delitos cometidos eran privación ilegítima de la libertad; eso el primer juicio no lo había contemplado, la condena recayó por ese delito también, aparte del de tormentos”, señaló Vigay. En ese sentido, consideró que “que se haya considerado privación ilegítima de la libertad los operativos ilegales que se llevaban delante de patotas de civil, sin identificación, vehículos civiles en horas de la madrugada, sin orden de un juez, en un lugar que era un centro clandestino de detención donde no había ningún tipo de legalidad, donde se le negaba a los familiares la posibilidad de que estuvieran allí detenidos sus familiares, para nosotros es un dato importante de este nuevo juicio”.

Primera condena por violaciones en el Chaco

“Otra de las cuestiones que también se trató, es la cuestión de la violencia sexual, que había surgido en el primer juicio. Pero por un proceso que se fue haciendo en los procesos de lesa humanidad de todo el país, se considera a los delitos sexuales contenidos en la tortura”, explicó el fiscal de Derechos Humanos. Y agregó: “en este caso, no; se los consideró de manera autónoma por el bien jurídico que contiene este tipo de delitos, que es la integridad sexual de las víctimas”.

“Si bien eran dos los casos que se juzgaron, y se condenó por los dos casos, este juicio pudo reconstruir que existió, a la par de una sistemática en los tormentos en los interrogatorios, también una sistemática en la violencia sexual. Así como la tortura en los interrogatorios tenían la función de quebrar a la persona para obtener algún tipo de información, las violaciones y la violencia sexual sistemática tenía la función de quebrar moralmente a las personas, en su mayoría mujeres pero también en muchos casos hombres”, describió Vigay.

Desaparecidos en la ex Brigada de Investigaciones

Por último, el fiscal federal de DDHH subrayó que en esta condena por la causa Caballero II se ponderaron por primera vez dos casos de desapariciones dentro del Centro Clandestino de la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia. “Hasta ahora se había tratado de desaparecidos de lo que fue la Masacre de Margarita Belén, y en este caso puntual era un matrimonio oriundo de Formosa, Pedro Morel y Sara Fulvia Ayala, y ambos fueron vistos por última vez en la Brigada de Investigaciones, y de ahí se tomó una decisión de destino final y la ejecución y fueron condenados por la desaparición de este matrimonio tanto oficiales de Inteligencia del Ejército como la “patota” de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco”. “Esto es un mojón en la reconstrucción de lo que fueron distintas desapariciones en este Centro Clandestino, fundamentalmente en el segundo semestre de 1977, donde todos los desaparecidos de ese tiempo pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores”, reveló.

“Así como se pudo reconstruir que en la Masacre Margarita Belén todos quienes fueron ejecutados y desaparecidos tenían que ver con la organización Montoneros y la Juventud Peronista, en este caso se trata de una decisión de hacer desaparecer, ejecutar, fusilar, a quienes eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y esta condena de alguna manera certifica esta reconstrucción que veníamos haciendo hace un par de años desde la Fiscalía”, precisó.

Las condenas se acumulan

En cuanto a las condenas, Vigay aclaró que desde el Ministerio Público Fiscal y las querellas se habían solicitado penas de 25 años de prisión para la mayoría de los acusados, y adelantó que, aguardarán conocer los fundamentos del TOF para analizar si se apelará al menos el sobreseimiento del ex agente de la policía chaqueña Miguel Pelozo. “La mayoría de los condenados en esta causa ya habían tenido condena a 25 años en la causa Caballero I, las condenas se unifican y siempre se toma el tope de la mayor, así que los que tuvieron condenas menores se va a terminar fusionando con la condena menor, y van a quedar en 25 años y no tendría en la parte práctica mayor importancia”, explicó.

 

 

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