Cabe consignar, que la entrevista realizada en forma telefónica, fue interrumpida en tres oportunidades, escuchándose voces de fondo, que hacían prácticamente imposible la comunicación por una interferencia hecha deliberadamente.
El doctor Marco Molero reiteró en torno a la causa de Lavado I, que la decisión de confirmar al equipo fiscal y de que “haya dos partes querellantes, una del Estado provincial y la otra que sea una conjunción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y de la Fiscalía de Estado, que sería personificada en el representante de la última mencionada, es parte de lo que ya se resolvió 15 días atrás en la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantías”.
El abogado que representa al gobierno acentuó que “el Estado sigue como querellante autónomo”, y que “en todos los códigos procesales se prevé la unificación de personería cuando haya intereses relativamente similares”.
No obstante, rescató que “nunca se discutió la legitimación procesal activa del Estado. Que además está obligado a intervenir como parte querellante. Es el único sujeto que tiene la obligación de constituirse como tal”.
Molero se refirió luego a la situación legal de las personas involucradas que siguen con prisión preventiva, ante lo cual recordó que “se había fijado audiencia para el 23 de mayo en el Juzgado de Garantias, para dirimir la procedencia o no del dictado de esas prisiones, pero primero se debieron definir los dos recursos planteados por la defensa de los imputados, que tenían que ver con la conformación del equipo fiscal y las partes querellantes”.
Ya resueltos estos temas por la decisión del juez Sandoval, “estamos a la espera de que se nos notifique en qué fecha se hace la audiencia para resolver si los imputados están correctamente en prisión preventiva o no”, tras lo cual se decidirá la situación recordando que tienen derecho a recursos de apelación.
De cualquier manera, “la causa se sigue sustanciando normalmente en lo demás”, concluyó Molero.
