En una resolución firmada este miércoles, la integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, María Delfina Denogens, decidió no hacer lugar al planteo de incompetencia de la justicia federal en la causa conocida como “Lavado I” realizado por la defensa del exsubsecretario de Comercio del Chaco, Roberto Lugo. Así, la causa seguirá tramitándose también en el fuero extraordinario a pesar de que la justicia provincial dispuso un equipo de fiscales para investigar la comisión de los delitos por presuntos actos de corrupción precedentes al de lavado de activos.
La resolución fue firmada este miércoles 30 de mayo por la camarista María Delfina Denogens, aunque quedó opacada por la polémica eximición de prisión de la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala, dictada por el pleno de la Cámara Federal en otra de las causas por lavado de activos conocida como “Lavado II”.
El planteo de incompetencia
Lugo se encuentra imputado como coautor del delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y por ser cometidos en ejercicio de la función pública. En tanto, también se lo imputa como coautor de los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, “malversación de caudales públicos”, “fraude en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Para sostener su planteo de incompetencia, la defensa de Lugo se basó en declaraciones mediáticas realizadas por el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Rolando Toledo, quién había asegurado que la causa debía investigarse en el fuero provincial. En ese contexto, la defensa coincidió con el titular del máximo tribunal chaqueño al considerar que “los delitos investigados son todos de competencia ordinaria y el lavado de activos, en cualquier caso, se encuentra supeditado a la condena de los delitos precedentes”. Y agregó que “Lugo fue funcionario provincial y no manejaba patrimonio público alguno y que si lo hubiera hecho los fondos serían provinciales”.
Ratificación de la competencia federal
Antes de resolver, Denogens aclaró que lo haría en base a las constancias del expediente y no a declaraciones realizadas a los medios de comunicación. Al respecto, la camarista fundamentó que “la causa se encuentra en un estado incipiente y dada la complejidad de la pesquisa y ante la posible pluriafectación de bienes jurídicos que tienen al orden económico y financiero del Estado como principal afectado, por ahora resulta prematura una decisión como la requerida por la defensa”, y desestimó la apelación contra la resolución de la jueza de primera instancia Zunilda Niremperger de ratificar la competencia de la justicia federal en la instrucción de la causa.
