En el último aumento del gas anunciado en marzo – cuando el insumo subió un 40% – Aranguren dio por finalizados, “los incrementos por el atraso tarifario” que tenían ambos insumos y afirmó que, de ahí en adelante, la necesidad de adecuar el costo semestre a semestre.
“Solamente estará vinculado a la evolución del índice de precios mayoristas (IPIM), al costo promedio de producción y al tipo de cambio vigente”, anunció el Ministerio de Energía.
Sucede que al ser un mercado dolarizado, la reciente devaluación alteró todos los números y promete disparar los precios del gas nuevamente. Las expectativas marcan que mayo y junio serán meses complicados para la inflación mayorista que terminará trasladándose directamente en los costos de la distribución y el transporte del gas.
A su vez, con un precio del gas de boca de pozo estable, la suba del tipo de cambio ya encarecería los precios en un 25% al necesitar más pesos para pagar este insumo en dólares al mismo valor. Pero el escenario se torna aún más complejo cuando se contempla la modificación prevista por el ministro Aranguren, que estableció que dicho insumo pase de cotizar a 4,68 dólares el millón de BTU a 5,26 dólares a partir de octubre.
Ante este panorama, viendo el nivel de conflictividad social que ocasionaron los últimos aumentos y que derivaron en la mencionada ley, en la industria nadie cree poder plasmar ese 55%. Las distribuidoras ya están pidiendo a la cartera de Aranguren que fije un valor de boca de pozo de 3,8 dólares para aliviar a toda la cadena.
Lógicamente, las productoras no quieren saber nada con esto y alegan que “ya están siendo perjudicadas al tener que vender el gas a un tipo de cambio de $20,20” como estaba indicado en el último cuadro tarifario. Esta diferencia que será saldada en octubre “rondaría los 10.000 millones de pesos si el tipo de cambio se mantiene de acá a octubre y sin contar los interéses correspondientes”.
“Acá lo que hay que volver a discutir es el valor del precio del gas de boca de pozo, que es la madre de todos los problemas con este sendero creciente previsto. Tenes un doble overshooting: te pega por devaluación y por aumento del gas”, expresó Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.
Si el estado decidiera retrotraer este precio tendría dos alternativas: o bien subsidia a las gasíferas por esta diferencia o rompe las reglas establecidas con el sector y baja la rentabilidad de las productoras. Como ambas situaciones implican grandes riesgos, hay un gran interrogante en todo el sector y nadie termina de entender cómo se resolverá la situación.
En suma, esto pone en evidencia que el plan energético de Aranguren podía ser viable con apreciación cambiaria y un petróleo a la baja, pero es inviable en los marcos actuales.
La electricidad, por su parte, al tener atado su costo de generación en un 40% por el gas, también se verá notablemente afectada. Pero como el costo de transporte y distribución se actualiza por IPC y no por IPIM, analistas piensan que la suba que se verá reflejada en agosto será algo menor a la del gas y la ubican entre el 30% y el 40%.
