
Finalmente, cuando ya sólo restan días para que se cumplan dos años desde el inicio del juicio oral, se espera que este jueves 31 a las 11 se dicte la sentencia de la causa Caballero II, proceso en el que se juzgan torturas, desapariciones, y violación en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, el centro neurálgico del terrorismo de Estado en el NEA.
La sentencia será dada a conocer desde las 11 en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en Hipólito Yrigoyen 33.
Organismos de Derechos Humanos integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria y organizaciones sociales y culturales convocaron a la comunidad a reunirse en la vereda del TOF una hora antes, para acompañar la histórica instancia. Este es el cuarto juicio oral por delitos perpetrados durante el Terrorismo de Estado en la región, habiendo iniciado su etapa de juicio oral el 16 de junio de 2016. Asimismo es el primero en el que se juzga el delito de violación encuadrado como crimen de lesa humanidad.
La semana pasada el Tribunal Federal de Resistencia suspendió de modo sorpresivo el dictado de la sentencia pautado para el día jueves 24, con el consiguiente malestar y preocupación por parte de organismos de DDHH; “Esperamos que esta grosera informalidad no se trate de la antesala a una sentencia en la que se consagre la impunidad para los imputados, acusados de crímenes gravísimos como torturas, secuestros, y violaciones”. Asimismo, destacaron; “Es imperioso adherir al reclamo de Juicio y Castigo y Cárcel común a los represores juzgados con más fuerza que nunca antes, cuando vemos como recobran renovado impulso teorías falaces como la de los “dos demonios”, y desde el Ejecutivo Nacional se busca desandar el camino de Memoria Verdad y Justicia” plantearon.
Cabe remarcar que para querellantes y fiscales intervinientes durante los debates quedó comprobado de modo patente el plan sistemático de exterminio genocida organizado en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física.
Por ello tanto el Ministerio Público como las querellas solicitaron penas de prisión perpetua y otras superiores a los 20 años para los represores juzgados. Desde la defensa de los imputados se alegó por la nulidad del proceso y la absolución de sus representados.
Los imputados en el proceso son Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra, y Héctor José Marin, Enzo Breard, Miguel Pellozo y Ramón Meza; los militares (re) Luis Patetta, José Tadeo Bettolli. A esa lista fueron sumados el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar.
Se los imputa de los delitos de torturas, violación, privación ilegítima de la libertad y desapariciones forzadas. El juicio se caracterizó por testimonios de sobre la crueldad extrema de los represores imputados, que “hicieron lo que quisieron, sin límites de ningún tipo y fuera de los patrones de lo que uno entiende como comportamiento humano”, según precisó una de las últimas declarantes.