Cuando se conoció el pedido de desafuero y posterior detención del ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, en el marco de la causa Lavado I, las dudas apuntaban a qué ocurriría con su situación, principalmente en lo relacionado a sus inmunidades.
Es que de acuerdo a la ley, Echezarreta puede perder los fueros con el voto de los dos tercios de la Cámara de Diputados provincial o si fuera desplazado del cargo por orden del gobernador. Y a juzgar por las declaraciones que hizo este lunes Domingo Peppo, el primer mandatario tiene decidido no soltarle la mano. Al menos por el momento.
“Creo plenamente en la inocencia de Echezarreta pero será la Justicia la que va a determinar esta cuestión”, dijo Peppo. En declaraciones a FM La Radio pidió además que el funcionario “tenga su debido proceso” y solicitó a los legisladores que “no hagan lo que es más lindo para la tribuna”. “Los diputados para algo están, sino cerremos la Cámara de Diputados, si es que no vamos a respetar el rol que tienen dentro de la Constitución”, apuntó.
“Hoy la Cámara de Diputados debe determinar y ver si no hay una extralimitación o exceso en el pedido de prisión que es lo que está en juego”, explicó Peppo. “Quiero que se garantice tanto a la justicia que pueda trabajar como también los derechos de las personas”, añadió.
Finalmente, Peppo recordó que “hay un antecedente en la Cámara de Diputados de un pedido de desafuero a un diputado, pedido por el gobernador (Ángel Rozas). ¿Qué hicieron los diputados? Analizaron y rechazaron. Creo en la Honorabilidad de la Cámara como también de los funcionarios y del Poder Judicial. Acá nadie está pidiendo extralimitaciones, sino que se cumpla el debido proceso, el respeto a los derechos de las personas, y sobre todo a un bien tan preciado como es la libertad”, dijo.
Echezarreta está acusado de ser coautor del delito de “lavado de dinero agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario”. Además, se lo acusa de varios delitos precedentes a éste, entre los que se cuentan: negociaciones incompatibles con la función pública en calidad partícipe necesario; asociación ilícita, en calidad de autor; enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario; fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público.
