
“Desde lo político, debería resolverse esto en otro ámbito y no en la Cámara de Diputados. Me parece que trasladar este tema a la Legislatura no corresponde, porque creo que debe resolverlo el Ejecutivo”, afirmó el diputado justicialista, Ricardo Sánchez, en declaraciones publicadas por el diario Primera Línea.
Por otra parte, se preguntó si conviene sostener en su cargo o no a un ministro en la delicada situación judicial en la que se encuentra Echezarreta. “¿Cómo puede trabajar tranquilo pensando en las obras que tiene que hacer o pensando en algún convenio? No veo que pueda ser productivo para la gestión. La pregunta es, ¿un ministro así, le sirve o no le sirve a la gestión? En base a esa respuesta, uno dice, de aquí al miércoles puede suceder algo que haga que la Legislatura no tenga que intervenir”, dijo, abriendo así la posibilidad de que Peppo se decida por la remoción del funcionario.
La posición de que el gobernador debería echar o pedirle la renuncia al ministro Echezarreta y no pasarle la pelota a la Legislatura coincide con la del diputado radical, Carim Peche.
“Me parece a mí que quien tendría que resolver esta cuestión es el señor Gobernador. Tendría que apartarlo del cargo y que la Justicia investigue”, afirmó el legislador, tras la sesión ordinaria de la Legislatura de este miércoles.
Cabe recordar que la jueza Federal, Zunilda Niremperger, ordenó la detención, previo pedido de desafuero, del ministro Echezarreta en el marco de la causa denominada “Lavado I”, que investiga presuntos hechos de corrupción cometidos durante la actual gestión de gobierno.
Echezarreta está acusado de ser coautor del delito de “lavado de dinero agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario”. Además, se lo acusa de varios delitos precedentes a éste, entre los que se cuentan: negociaciones incompatibles con la función pública en calidad partícipe necesario; asociación ilícita, en calidad de autor; enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario; fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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