El viernes se generó un nuevo cimbronazo en el mundo político chaqueño. El fiscal Patricio Sabadini presentó esa mañana un requerimiento que solicitaba ampliar la investigación de la causa denominada Lavado I, al mismo tiempo que pedía nuevas detenciones. Entre ellas, la del ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta. Si bien ese día la Jueza Federal, Zunilda Niremperger, denegó el pedido de detención, este miércoles cambió de parecer y ordenó que lo arresten, previo desafuero.
Pero ¿qué dice el requerimiento del fiscal? ¿Cuáles son las imputaciones que podrían llevar a la cárcel a Echezarreta? Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, en su escrito, el fiscal señaló que se habría constatado la presencia “de un esquema ilícito” integrado por Ismael Fernández (cuñado del exsubsecretario de la Gobernación, Horacio Rey, hoy preso por esta causa), Ramón Chávez (presunto testaferro de Ismael), Cristina Dellamea (sobrina de Ismael y presunta testaferro), Graciela Fernández (hermana de Ismael) y Fabián Echezarreta, en el marco del cual “se utilizó como mecanismo, la creación de empresas y sociedades –integradas por familiares y amigos- para proveer bienes y servicios al estado provincial, concretándose maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares e incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que reportaron enormes ganancias ilícitas para sus partícipes durante un importante lapso de tiempo que comprende desde fines del año 2015 hasta la actualidad”, indicó.
El fiscal afirmó en este marco que el ministro Echezarreta “en uso y abuso del poder que su cargo le confiere, claramente favoreció, de manera harto irregular, las contrataciones de bienes y servicios a favor de Ismael Fernández y el grupo de personas físicas y jurídicas conformadas al efecto, en el peor de los casos, con la mínima diligencia que le exige el cargo, (y) no podría haber desconocido que estos proveedores de su cartera se encontraban ligados en relación consanguínea a Ismael Fernández y Susana Fernández, conocidos funcionarios públicos provinciales”.
Coincidencias
De los datos recabados hasta momento surgen varias coincidencia de domicilios societarios y fiscales, integración conjunta de sociedades, entrecruzamiento de titularidades y extensión de cedulas azules en dominios automotores.
Asimismo, Sabadini señaló que debe hacerse hincapié en que “las maniobras ilícitas mencionadas (…) confluyen en una etapa posterior, en la cual se concretó la aplicación del dinero producto del que hacer ilícito desplegado mediante la adquisición de vehículos, embarcaciones, inmuebles, acreditaciones en cuentas bancarias, a nombre de los imputados y las personas jurídicas constituidas al efecto, con el claro objetivo de disimular el origen espurio de dichos bienes”.
El requerimiento sostiene además que “teniendo en cuenta los considerables incrementos patrimoniales registrados en los patrimonios de los citados, especialmente en los últimos tres periodos fiscales, y que no se condicen con las ganancias lícitas declaradas, entiendo que sus conductas podrían estar insertas en la mecánica de maniobras ilícitas de lavado de dinero investigadas en autos, mediante la aplicación de fondos de origen ilícito a la compra de bienes -en especial la adquisición de automotores y acreditación en cuentas, plazos fijos y otros productos bancarios- para otorgar a los mismos una apariencia lícita, por lo que se requiere formalmente la ampliación de la instrucción a efectos de profundizar la investigación en relación a la conducta desplegada por las imputados”.
Los nexos
En su presentación, Sabadini recordó en primer lugar que Echezarreta se conocía con Ismael Fernández desde la época en que ambos trabajaban en el Instituto de Vivienda. “Echezarreta (tuvo como) nexo a Ismael Fernández quien se encuentra vinculado a la Administración Pública Provincial desde hace muchos años, habiendo prestado servicios en distintas reparticiones estatales lo que le aporta el pleno conocimiento de los circuitos interno de gestión, y a esta altura del análisis se perfila como el jefe y organizador de estas actividades ilícitas mancomunadas”, afirmó el fiscal.
Siguiendo con los nexos hallados hasta el momento, indicó que Ismael Fernández y Chávez integran conjuntamente la Fundación Norte “como cofundadores e integrantes del Consejo de Administración”.
“Ismael proveyó al Estado Provincial durante el año 2016 a través de la Fundación Norte, mientras era funcionario público, desempeñándose como personal de gabinete de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación, pero también lo hizo a través de otras personas físicas y jurídicas vinculadas a él y creadas al efecto, en especial la razón social Servicios y Construcciones Paraná SA de titularidad de su socio Chávez, y la empresa unipersonal de su sobrina, Cristina Dellamea, en menor medida a través de Vidrios Belgrano SRL de titularidad de su hermana Graciela Fernández, quien registra con Dellamea la titularidad conjunta de plazos fijos por cuantiosos montos de dinero, encontrándose esta última informada en la nómina salarial de Vidrios Belgrano S.R.L”.
“Se advierte del análisis de la información incorporada, que la Fundación Norte registra su domicilio fiscal en Ruta Nacional 11, Km 1008, de Resistencia, en el mismo lugar tienen asentados domicilios alternativos Ismael y Susana Fernández, conforme surge de sus perfiles fiscales”, recordó el fiscal.
“En este punto, surge que siendo allanado el citado domicilio en el marco de la presente investigación ante la sospecha de encontrarse allí resguardada documentación de interés para la causa, se presentó posteriormente ante el Juzgado Federal, Cristina Dellamea alegando que dicho domicilio pertenecía a su empresa, solicitando la devolución de los elementos allí secuestrados para continuar con su giro empresarial”, indicó.
“Además, la razón social Servicios y Construcciones Paraná SA constituyó su domicilio social en Av. Belgrano N° 1179, inmueble que sería alquilado o de propiedad de Graciela Fernández, en tanto que la empresa Vidrios Belgrano se encuentra ubicada en Av. Belgrano 1170, ambos de esta ciudad”, afirmó Sabadini.
Asimismo, resaltó que Chávez comenzó a proveer al Estado provincial a principios de 2016, habiendo prestado servicios en el Ministerio de Desarrollo Social hasta diciembre de 2015, mes en el cual se inscribe ante la AFIP-DGI e inscribe a la razón social Servicios y Construcciones Paraná SA.
En la misma fecha (01/12/2015) también se inscribió ante dicho organismo fiscal Cristina Dellamea comenzando inmediatamente a proveer al Estado. Además, este mes coincide con la asunción de Echezarreta como Ministro de Infraestructura y desempeño de Ismael Fernández en la Secretaría de Gobierno, como personal de gabinete.
¿Cuánto facturaron al Estado?
De acuerdo a la imputación, Ramón Chávez facturó al Estado en 2016 y 2018 una suma superior a los $20 millones. Además, la empresa Servicios y Construcciones Paraná SA (cuyo titular es el propio Chávez) percibió hasta el momento más de $36 millones, en el mismo período.
En tanto que Cristina Dellamea facturó a distintos ministerios y organismos estatales más de $30 millones entre 2016 y 2018. Y Graciela Fernández, titular de “Vidrios Belgrano” y madre de Dellamea, percibió más de $ 300.000. En total, al menos en esta parte de la causa, el monto de facturaciones que está bajo la lupa supera los 87 millones de pesos.
