Tras el terromoto político que significó la noticia sobre el pedido de detención del ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, este jueves ingresará a la Legislatura el pedido de desafuero. Así lo confirmaron fuentes judiciales a CHACO DIA POR DIA.
El mismo será enviado desde el Juzgado Federal de Resistencia, que encabeza Zunilda Niremperger, en el marco de “Lavado I”, que es como se conoce a la voluminosa causa en donde se investigan presuntos actos de corrupción gubernamental y por la cual están imputados varios exfuncionarios y miembros de su entorno.
Desafuero
De acuerdo al artículo 144 de la Constitución Provincial, rigen para los ministros del Poder Ejecutivo “iguales incompatibilidades e inmunidades” que los diputados. Es decir, corresponde iniciar un trámite de desafuero, similar al que se sustancia en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación con respecto a la diputada nacional por Cambiemos Aída Ayala, imputada en otra causa por lavado de activos provenientes de presuntos sobreprecios en la contratación de proveedores durante su gestión como intendente de Resistencia.
Una vez en el recinto, se necesitarán dos tercios de los votos para proceder al desafuero, es decir, los votos de 22 legisladores en el Parlamento chaqueño.
Además, la Constitución Provincial también prevé en su artículo 120 que los ministros “están sujetos a juicio político por incapacidad física o mental sobreviniente, por mal desempeño o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo, por delito en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes”.
Cabe recordar que, el viernes pasado, el fiscal federal Patricio Sabadini ya había solicitado la detención de Echezarreta y otras tres personas pero la jueza no hizo lugar a la medida con respecto al actual funcionario del gobierno provincial, aunque sí ordenó detener a los otros tres imputados que hasta el día de hoy se encuentran prófugos y con pedido de captura internacional a Interpol: el extitular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández; Ramón Chávez y Cristina Dellamea, sobrina de Fernández y presunta testaferro.
Echezarreta está acusado de ser coautor del delito de “lavado de dinero agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario”. Además, se lo acusa de varios delitos precedentes a éste, entre los que se cuentan: negociaciones incompatibles con la función pública en calidad partícipe necesario; asociación ilícita, en calidad de autor; enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario; fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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