En medio de los ingresos de proyectos, previo a abordar el orden del día de labor parlamentaria, el jefe de la bancada del interbloque Cambiemos, Carim Peche, quien pidió la palabra y preguntó desde su banca a la titular del Parlamento chaqueño, Élida Cuesta, “si había ingresado, van a ser las seis de la tarde, algún pedido de desafuero”. No había ingresado y así lo informó la diputada justicialista. Y tampoco lo hizo por el tiempo que se extendió la sesión ordinaria de este miércoles.
“Nos enteramos de esto por la prensa, lo de la orden de detención y el desafuero”, dijo sin hacer mención explícita al ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, Fabián Echezarreta; sobre quien pesa una orden de detención, previo desafuero, librada por la jueza federal Zunilda Niremperger.
“No ingresó nada y también nos enteramos por la prensa nosotros de esto”, respondió la presidenta de la Cámara.
La sesión había iniciado minutos antes, pese a estar prevista para las 14. Y se sancionaron cuatro leyes, casi sin debate, y varios pedidos de informes.
Peche: “Quien tendría que resolver esta cuestión es el Sr. Gobernador”
Tras la sesión, el diputado Peche reiteró lo que había dicho en medio del Recinto, y explicó que lo hizo en razón de las declaraciones de la jueza Federal Niremperger, “quien manifestó que iba a enviar el pedido de desafuero del ministro Echezarreta. Y los medios de comunicación nos preguntan a todos los legisladores si ingresó el proyecto. Entonces le pregunté a la presidenta de la Cámara, no porque dudé de ella sino porque no sabíamos. Y la presidenta, por supuesto, me dijo que hasta las seis de la tarde no ingresó ningún proyecto con pedido de desafuero”.
No obstante, aseguró: “Igual yo tengo claro, me parece a mí, que quien tendría que resolver esta cuestión es el Sr. Gobernador (Domingo Peppo). Tendría que apartarlo del cargo y que la Justicia investigue”.
Aseguró que el interbloque Cambiemos esperará leer y analizar primero el expediente que se ingrese desde la Justicia Federal, “para expedirnos sobre el tema”, afirmó.
Cuatro leyes y una serie de pedidos de informes
Las cuatro leyes sancionadas contaron con el voto unánime de los legisladores presentes, 30 en total.
El primer proyecto fue abordado por el diputado justicialista Juan Manuel Pedrini. La iniciativa 123 de este año, de autoría del Ejecutivo, que ratifica el Decreto Nº 1518 del año pasado, para otorgarle “autonomía funcional y presupuestaria a la Fiscalía de Estado”. La iniciativa establece que se hará cargo de liquidar los haberes a su personal.
El segundo proyecto fue abordado por el justicialista, Ricardo Sánchez y es de autoría de la titular de la Cámara, Elida Cuesta. Establece la obligatoriedad, para personas físicas o jurídicas que presten servicios o comercialicen bienes a consumidores y usuarios mediante contratos de adhesión, de publicar un ejemplar de dicho contrato.
“Tiende a proteger a los consumidores en los denominados contratos de adhesión. Plantea la obligatoriedad de otorgar una copia al cliente o consumir de ese contrato. Y un letrero visible en donde conste que puede retirar ese contrato al que adhiere”, amplió el legislador. El jefe de la bancada, Hugo Ságer reforzó esta idea: “Es una necesidad que el Estado garantice el cumplimiento de las reglas establecidas por quienes venden. En momentos de crisis, en esas letras chicas se esconden verdaderas condiciones que no son las que cree el consumidor”.
Posteriormente, también de autoría de la diputada Cuesta, Andrea Charole abordó el proyecto 1092 de este año, de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.958 que establece que el tercer domingo de cada año, por definición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conmemorará el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tránsito”. “Es una ley que me toca muy de cerca”, expresó la diputada Charole quien perdió un hermano en un incidente vial. Apeló entonces a la educación y pidió a sus pares el acompañamiento.
Desde todos los bloques se expresaron mostrando estadísticas y apelando a la sanción de más leyes, el control estricto sobre las mismas y la sanción correspondiente para quienes las incumplan.
Por último, también de autoría del Ejecutivo provincial, aprobaron el veto parcial del artículo primero de la ley 2798-B, que establecía que la respuesta por pedidos de informes sería de 10 ahora. Con esta sanción, podrán expedirse en 15.
Pedidos de Informe
Tras la aprobación de las cuatro leyes, procedieron a dar curso a una serie de pedidos de informes, entre ellos, dos que fueron solicitados en el mismo Recinto por parte del diputado Daniel Trabalón del Frente Grande. El 1219 que solicita informes sobre el proceso de licitación en el barrio San Pedro Pescador, y el 919 en el que pide a Educación que informe sobre la represión por parte de la policía contra porteros de esa cartera que reclamaban el pago de becas atrasadas, el 26 de marzo pasado.
Sobre este segundo expediente, la diputada de la Concertación Forja, Gladis Cristaldo, se reconoció coautora y contó que pese a haber intentado por la vía institucional plantear un diálogo con la ministra Marcela Mosqueda, no obtuvieron respuesta oficial.
