Al comienzo, el doctor Rolando Núñez expresó que no le llamó la atención que la doctora Zunilda Niremperger haya ordenado la detención, con previo pedido de desafuero, del ministro Fabián Echezarreta, porque “así debe tramitarse. En la Constitución de la provincia se establecen inmunidades similares a los diputados, al gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios de Estado”.
“Por lo tanto debe pedirse por oficio el desafuero a la Cámara de Diputados. De acuerdo al resultado del Juicio Político, podrá detenerlo o no. Los ministros tienen inmunidad. En la Argentina está metido el concepto de que son fueros. En realidad tendría que ser juicio para la quita de la inmunidad. En cualquier caso conduce al mismo camino”.
Insistió en que “se compara a las inmunidades de los diputados”, por lo que “no tengo ninguna duda que deben iniciar el juicio político. Deciden los diputados si le quitan o no los fueros. Se necesita 2/3 de votos para quitarle la inmunidad y ordenar el desafuero”.
Lavado I y II: ‘Una crisis compleja y aguda’
Consultado sobre la sucesión de probables hechos delictivos investigados por la Justicia Federal y Provincial, Rolando Núñez no dudó en afirmar que “estamos atravesando quizás la crisis más compleja y aguda desde que se recuperó la democracia”.
Luego comenzó a enumerar que, con el caso Lavado I, “se empieza a complicar por la cantidad de información que reúne la Fiscalía. Se puede investigar posibles casos de corrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo”.
Y estimó que “se puede seguir ampliando la causa de Lavado I o abrir nuevas causas”.
Posteriormente se refirió a la causa de Lavado II, en la que ya “tienen todo sobre los posibles autores y responsables. Esa se podría llevar a juicio en el corto plazo, salvo que se incorpore mayor información que haga al esclarecimiento de los hechos”.
Lavado III y el IPDUV
Por último habló de “Lavado III”, en la que consideró que, “se avanzó mucho. Tiene como eje investigar la administración del IPDUV entre el 2011 y 2016, iniciado por la denuncia del doctor Dugaldo ferreyra y la ex diputada Canata”.
“Lo que sucedió aquí es que tenían que construir 2440 viviendas con fondos enviados por la Secretaría de Vivienda de la Nación, pero no se ejecutaron 1909. O sea que faltó hacer el 72% de las viviendas”.
Para el titular del Centro Nelson Mandela, “pretendemos que también sea investigado el actual ministro de Infraestructura, Echezarreta, que cumplió un rol fundamental desde el 2012 hasta 2015 cuando la presidencia la ejercía el actual gobernador Domingo Peppo”.
“Apuntamos fundamentalmente a un programa que comprendía la asistencia habitacional a poblaciones urbanas o rurales en situación de extrema pobreza. Se entregaban elementos y fondos para que los propios habitantes construyeran su habitación y baño. Y allí funcionaba el sistema de polirrubro”, explicó el letrado.
Aclaró que “el único que tenía atribuciones para comprar materiales era Echezarreta. Esto está en etapa de investigación preliminar”, y concluyó mencionando un manejo de fondos de entre $932 a $1023 millones, que provenían de la Secretaría de Vivienda de la Nación”. Tampoco faltó la referencia a la intervención del detenido José López en esa gestión.
