Lavado I: “No se afecta un derecho concreto de un implicado”, afirmó el querellante que representa al Estado

El abogado Marco Molero, representante de la querella estatal en la causa que tiene como principales involucrados hasta ahora a Horacio Rey y Roberto Lugo, habló con CIUDAD TV y RADIO CIUDAD sobre la audiencia de este miércoles en el Juzgado de Garantías y las dos cuestiones que deben resolverse allí.

El doctor Marco Molero habló con CIUDAD TV y RADIO CIUDAD.

El representante del Estado provincial en la causa conocida como “Lavado I”, confirmó que este miércoles habrá una audiencia en el Juzgado de Garantías que interviene en el caso, donde deberán resolverse “dos cuestiones, si tres partes pueden ser querellantes y si es correcta la acción de un grupo de fiscales designados al efecto”.

Recordó el doctor Marco Molero que en esta causa “hay tres abogados por tres partes diferentes. El Estado, la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.

Consideró que todo ello es posible, porque, “desde que se introdujo la figura de querellante, se fue haciendo camino al andar. Y está previsto en el art.12 del Código Procesal Penal, que pueda actuar el equipo de fiscales”.

Afirmó que esta situación, además, “no afecta un derecho concreto de un implicado”, y se está actuando “de acuerdo a las normas del debido proceso. No puede inferirse que es inconstitucional”.

Hizo saber el letrado que de la audiencia del miércoles, “participan los fiscales, los abogados y obviamente el juez”, y que la misma “es exclusivamente oral y se resuelve en el día. El juez, en el transcurso de los cinco días siguientes, da a conocer los fundamentos de su fallo”.

Recordó que “el defensor de Rey plantea que se debe unificar la querella en el Estado Provincial, y no con la participación de la Fiscalía de Estado y la FIA”.
Por su parte, dijo que “vamos a pedir que nada sea nulo, que se mantenga la investigación, con los evidentes avances que pueden verse”.

Finalmente, Molero habló sobre el tiempo de privación de la libertad de los detenidos, informando que “el Código Procesal Penal prevé que una persona puede estar detenido hasta dos años”; pero opinó que, “de mantenerse la investigación en la órbita de la justicia provincial, es impensable que pueda prolongarse tanto tiempo la detención sin que se produzca sentencia”.

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