Corregido: “En 2010 ya tenían que tener rampas el 100% de los colectivos”

“Me da mucha vergüenza que una Cámara tenga que ordenarle a nuestros funcionarios que cumplan con la ley”, aseguró el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, en contacto con CIUDAD TV y RADIO CIUDAD. La medida judicial ordenó al Municipio que inste a las empresas de transporte a incorporar unidades accesibles para personas con discapacidad.

En otras localidades, los coches de la empresa ERSA cuentan con rampa para personas con discapacidad

“Hay una ley nacional que establece que, en forma progresiva, se debían ir incorporando unidades adaptadas para personas con discapacidad, y en el año 2010 ya tenían que tener rampas el 100 por ciento los colectivos”, afirmó Corregido. En ese sentido, recordó que su planteo viene desde el año 2010 tanto ante la Municipalidad de Resistencia (en aquel momento gestionada por Aída Ayala) como ante la Secretaría de Transporte del gobierno provincial (por aquel entonces a cargo de Jorge Capitanich) y que al no obtener más que respuestas evasivas y sobre la “complejidad” que significaría obligar a las empresas a cumplir con la ley, debió recurrir ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

“El Municipio y la Provincia están siendo observadas por la justicia, por decirle de alguna manera, y ahora tenemos sentencia contra el Municipio de Resistencia –que publicó ayer en primicia CHACODIAPORDIA.COM-; seguramente en los próximos días saldrá la sentencia contra la provincia”, reveló el defensor del Pueblo del Chaco. En ese sentido, consideró que es “una vergüenza que un juez, en este caso una Cámara, que tenga que ordenarle a nuestros funcionarios que cumplan con la ley”. “Es una situación extrema donde un funcionario tenga que cumplir con la ley porque se lo ordena un juez, no porque deba hacerlo”, agregó.

Corregido explicó que “esta acción está dirigida para proteger la accesibilidad de las personas con discapacidad que tienen la movilidad reducida”. Al respecto, graficó que “si una persona con movilidad reducida, como un niño, no puede subir a un colectivo, en qué se va a la escuela, o a un centro hospitalario a hacerse un tratamiento, o en qué se va al cine o a visitar a un amigo, tiene que llamar a un remís. ¿Y cuánto sale eso?”.

“Si los funcionarios no cumplen las leyes, a las personas más pobres, más vulnerables, las condenamos a seguir siendo pobres porque no pueden salir a estudiar, a prepararse, las estamos condenando a quedarse en la casa”, puntualizó.

 

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