Lavado II: Aída Ayala recusó a la jueza Niremperger por pedir su desafuero

Mientras el macrismo dilata el trámite legislativo, la ex intendenta de Resistencia intenta desplazar a Zunilda Niremperger, quien ayer le rechazó el pedido de eximición de prisión. La Comisión de Asuntos Constitucionales volverá a reunirse el martes 15.

Aída Ayala, a la salida del Juzgado Federal de Resistencia. Foto: archivo

Mientras avanza (a paso lento) su pedido de desafuero en la Cámara baja, la diputada oficialista Aída Ayala busca en paralelo alguna maniobra judicial que le permita evitar la cárcel. Ayer la jueza Zunilda Niremperger le negó el pedido de eximición de prisión en el marco de la causa que la investiga por lavado de dinero y asociación ilícita. En respuesta, la ex intendenta radical anticipó que mañana apelará la medida y además, pidió la recusación de la magistrada por presunto “mal desempeño” y falta de imparcialidad. Los tiempos para la ex intendenta de Resistencia juegan en contra, la comisión de Asuntos Constitucionales ya convocó a una reunión para el martes 15 de mayo, en la que deberá emitir dictamen a favor o en contra del desafuero.

Al día siguiente de presentar el descargo ante sus pares, Ayala recibió una mala noticia en su provincia. Niremperger rechazó el pedido por el cual le solicitaba que revierta su prisión preventiva. La jueza había dispuesto la detención por requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini y solicitado el levantamiento de los fueros legislativos que –por ahora– le otorgan a la dirigente oficialista inmunidad de arresto. “No soy rica, ni lícita ni ilícitamente. No soy jefa de una supuesta banda de empresarios dedicada a proveer al Estado, que son los que hoy trabajan bajo la misma figura contractual para Jorge Capitanich, y para el gobierno provincial”, aseguró Ayala ante los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Ayala realizó su descargo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales

Los opositores retrucaron que de poco sirven las declaraciones juradas con las que pretendía probar la ausencia de un incremento patrimonial injustificado ya que una de las hipótesis que baraja la justicia es que el dinero obtenido por el contrato irregular se utilizó para la campaña electoral de 2015, en la que perdió la gobernación contra el peronista Domingo Peppo. Además, la diputada peronista chaqueña Analía Rach Quiroga, presentó ante sus pares documentación en la que demuestra la rebaja de 63 por ciento en los precios de contratación de la empresa por parte del actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.

Para Sabadini, Ayala es responsable de “haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”. La empresa principal es Pimp SA, a quien contrató para la recolección de residuos, justo un año antes de terminar su tercer período al frente de la intendencia y con vigencia hasta 2022. Capitanich ya prestó declaración testimonial en la causa, en la que están detenidos varias personas, algunas de ellas vinculadas a

En relación con esta causa están detenidos el empresario Pedro Martínez, su hija Natalia Martínez Guarino, el gremialista Jacinto Sampayo, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar, quienes están detenidos, aunque la mujer bajo el régimen de prisión domiciliaria por haber sido madre en fecha reciente. También Alejandro Fisher, su ex yerno y socio de la empresa de recolección.

En el escrito donde pide la recusación de la jueza, Ayala afirma: “Es evidente la utilización política que se ha efectuado en ese proceso. La orden de detención y su mantenimiento sólo buscan, en contra de los que expresamente prevé la ley, que se decida ilegalmente mi desafuero”.

Habrá que ver si consigue que su situación judicial mejore antes de las 15 horas del martes 15, cuando vuelva a reunirse la comisión presidida por el macrista Pablo Tonelli. Los radicales, así como algunos integrantes del PRO adelantaron su rechazo al pedido de desafuero, en abierta contradicción con la celeridad con la que actuaron en el caso del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

FuentePágina/12
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