Femicidios: el STJ le cierra la puerta al Ejecutivo para ser querellante

Así lo resolvió la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia al desestimar un recurso de casación de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco que pretendía constituirse como querellante en la causa que investiga el femicidio de Mariela Fernández.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco terminó por cerrar la puerta a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se constituya como querellante particular en la causa que investiga el femicidio de la joven Mariela Fernández.

La resolución, a la que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, fue dictada el pasado 24 de abril por la Sala Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, que integran las ministras Emilia Valle y María Luisa Lucas. Cabe informar que la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco debió recurrir en queja ante el máximo tribunal ante la denegatoria de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de conceder el recurso.

En el fallo, las ministras primero consideraron que se debía admitir el recurso de casación y advirtió a la Cámara de Apelaciones que su resolución constituye una “sentencia equiparable a definitiva” ya que impide a la Secretaría de Estado que en otra etapa procesal puedan considerarse los argumentos sobre su legitimación para intervenir. Además, cuestionaron los fundamentos brindados por ese tribunal de Alzada para desestimar el recurso.

Fundamentos del rechazo

Sin embargo, al analizar la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos, las ministras Valle y Lucas advirtieron que la misma no demuestra la “afectación de la seguridad jurídica” para, de ese modo, justificar su aceptación como legitimada para actuar como querellante en la causa.

“El orden jurídico ha considerado necesario no sólo prever qué bienes jurídicos merecen tutela penal -la vida es uno de ellos-, sino diseñar un esquema en el cual el Estado sepa cómo desplegar las funciones antes señaladas y qué órganos lo harán”, sostuvieron las integrantes de la Sala Penal entre sus fundamentos. Y agregaron que, “en tanto ello se cumpla, no existe justificación lógica para sostener que en este caso el Poder Ejecutivo deba ser parte, por cuanto no se verifica el citado riesgo o compromiso de la seguridad jurídica”.

El caso

Mariela Fernández fue la cuarta víctima mortal por violencia contra el género que se registró en 2017 en la provincia del Chaco. Según consignaba la denuncia, el 27 de junio el imputado Facundo López agredió físicamente a Mariela, su expareja, utilizando la correa de una riñonera con la que le provocó la muerte por ahorcamiento. El cuerpo sin vida de Mariela fue encontrado recién al día siguiente en el domicilio que ambos compartían en el barrio 29 de Agosto de la ciudad de Resistencia. Además, organizaciones feministas revelaron que Mariela había denunciado en varias oportunidades a López pero nunca obtuvo ningún tipo de protección por parte de las instituciones del Estado provincial.

La iniciativa de que el organismo se constituya como querellante particular surgió a partir de reuniones mantenidas por el secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya y los familiares de Mariela Fernández, acompañados por el colectivo Ni Una Menos Resistencia. De esta manera se buscaba la intervención estatal en la investigación de una causa tan sensible a la ciudadanía para garantizar una correcta sanción contra todos los autores, cómplices, instigadores o encubridores del femicidio. Se trataba del primer caso en que la Secretaría de Derechos Humanos buscaba ser querellante particular en una causa de femicidio.

Uno de los fundamentos centrales esgrimidos por la Secretaría de Derechos Humanos para participar de la causa está vinculado a la obligación internacional del Estado provincial de intervenir para garantizar el proceso y la investigación judicial, a partir del compromiso asumido por el Estado chaqueño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del artesano Juan Angel Greco. El otro eje para la presentación del organismo estatal como querellante es en base a los compromisos contraídos a partir del caso de LNP, que llegó al comité de Derechos Humanos de la ONU, por el que el Estado provincial debe garantizar el acceso a la Justicia de víctimas de violencia, y la no repetición de este tipo de hechos.

 

Compartir