El voluntariado no es trabajo: otro fallo de la Corte en sintonía con la Rosada

Se consolida nueva doctrina del máximo tribunal. No todo es una relación contractual que obligue a pago de indemnización por empleo no registrado.

Corte Suprema de Justicia.

En un fallo que tuvo menor repercusión al revelado por Ámbito Financiero sobre la validez de los contratos de locación de servicios que no son equiparables a un vínculo laboral directo, la Corte Suprema continuó la saga de decisiones apuntadas a limitar al fuero laboral. El mismo día, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz revocaron un fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que concluyó que hubo relación laboral entre una persona y una ONG dedicada a recuperar adictos. El criterio fue diferenciar el “voluntariado” de una relación laboral concreta. E insistió acerca de que en el expediente no se logró probar que la prestación de los servicios por parte de la demandante se pudiera encuadrar en otro tipo de relación laboral. La jursprudencia que ha comenzado a delinear el máximo Tribunal es inequívoca en el sentido de limitar el margen de acción de la Justicia laboral: cálculo de indemnizaciones, accidentes de trabajo y contratos de locación de servicios de monotributistas fueron los temas abordados. La cuestión hace esperanzar a la Casa Rosada cuando todavía es incipiente la batalla planteada en tribunales contra la nueva ley de ART. Esa puja en considerada clave por el empresariado y el Gobierno nacional que quiere limitar la litigiosidad. Y de paso asestar un golpe a la Justicia laboral, a la que considera colonizada por sectores de la oposición.

En este caso, Dolores Correcher Gil demandó a la ONG REMAR que trabaja en la recuperación de adictos. Al presentarse ante la Justicia, invocó que había concurrido a la ONG demandada para realizar un tratamiento pero que, con posterioridad, comenzó a prestar tareas en relación de dependencia. Afirmó que le cubrían los gastos de manutención y vivienda y que le daban automóvil y dinero en efectivo. En primera instancia, su planteo no tuvo éxito pero la Sala V, admitió el planteo con fundamento en que la prestación de servicios hacía presumir la existencia de un contrato de trabajo. Y que por ende estaba habilitada para reclamar indemnización y la sanción por empleo no registrado.

Sin embargo, la mayoría de la Corte volvió a desautorizar a la Cámara del Trabajo porque señaló que se omitió valorar que, según los testigos, si bien hubo prestación de servicios, esa prestación fue en el contexto de un voluntariado social para “colaborar y ayudar en las tareas de necesidad”. Y que la demandante formaba parte de la organización trabajando ad honorem. Según las declaraciones de los testigos, además, la vivienda era parte del tratamiento y el vehículo utilizado por la actora era de uso común entre los miembros de la asociación. De esta forma, solo se podría encuadrar la relación por fuera de los canones de una prestación de servicios. Sentó así otra tipología diferencial como la del caso del neurocirujano que facturaba a un hospital como monotributista.

En disidencia, los ministros Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti consideraron que la queja de la ONG contra la sentencia de Cámara era “inadmisible” en sintonía a lo que había expresado la Procuración General.

FuenteAmbito
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