Diputados piden que el Ejecutivo deje sin efecto el decreto 492/18E, con el que fijó el aumento a judiciales

Los diputados Daniel Trabalón (Frente Grande) y Aurelio Díaz (PO) impulsan una resolución que expresa su “preocupación” en razón de los “mecanismos arbitrarios” por los cuales el Ejecutivo fijó los salarios del sector judicial. Piden que se deje sin efecto el decreto al que califican de “discriminatorio” por aumentar en mayor proporción los haberes de las magistraturas, por encima del resto del personal.

A instancias del diputado Daniel Trabalón, del Frente Grande, y con el acompañamiento del diputado Aurelio Díaz del Partido Obrero, ingresó al Parlamento chaqueño el proyecto de Resolución N° 1449/2018, que expresa “preocupación por los mecanismos arbitrarios para fijar las pautas salariales en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia y la decisión discriminatoria que aumenta en mayor proporción los haberes de las magistraturas desconociendo el derecho del resto del personal a percibir el porcentaje correspondiente”.

“En nuestras oficinas recibimos a integrantes de uno de los gremios que representan a los empleados judiciales, que vinieron a denunciar la situación que están atravesando. Concretamente se dictaron dos decretos que establecen aumentos salariales y claramente perjudican y marginan al personal del Poder Judicial en al menos un 15% de incremento. Para disfrazar esta inequidad, el mayor aumento se le otorga la magistratura en la bonificación por título y por otro decreto distinto al que establece la paupérrima pauta salarial general de 10% en tres cuotas”, manifestó el diputado Trabalón.

Sobre el proyecto de Resolución

Al primer punto, ya expresado por el autor de la iniciativa legislativa, se le suma un segundo en el que se dirige al Poder Ejecutivo y pide que se deje sin efecto el decreto 492/18, “quien atribuyéndose potestades legislativas, margina a las escalas inferiores y consolida un aumento encubierto estratificado bajo la bonificación por título, que podría generar graves perjuicios económicos financieros a la Provincia de reclamarse los montos injustamente liquidados”.
Asimismo, resalta que “el mecanismo democrático para fijar pautas salariales es la convocatoria a paritarias, metodología que deberían utilizar el Superior Tribunal de Justicia y al Poder Ejecutivo para resolver los conflictos, garantizando la participación de todas las partes involucradas”.
Entre los fundamentos, asegura que naturalmente “los aumentos de las personas que ocupan puestos de mayor jerarquía “derraman” racionalmente y proporcionalmente hacia el resto de la estructura. A mayor responsabilidad, mayor remuneración”. Y que a partir de este decreto, “esta racionalidad queda rota por el Decreto 492/18 que establece un aumento diferenciado sólo para las y los funcionarios del Poder Judicial”. “Esto genera una brecha de ingresos en perjuicio del personal judicial que no tiene ningún fundamento. Este tipo de práctica refuerza una concepción de elite, excluyente de las mayorías y casi monárquica que se tiene del Poder Judicial. ¿Es que acaso no sufren todas y todos la inflación galopante” Pensemos por un momento qué justifica un mayor aumento para la magistratura y para el personal no. Cuál sería el bien común que se protege al desproporcionar la balanza hacia el que más gana”.

Plantea la necesidad de paritarias, en tanto que “sería muy sano para el buen desenvolvimiento de la justicia que al menos, con su propio personal, muestren que hay imparcialidad. Es más, esta torpeza podría acarrearnos nuevos juicios como los que ocasionó la Resolución 858/91”.
Por otro lado, ven con preocupación que el Decreto 492/18 modifique una ley sancionada en la Legislatura chaqueña. “Esto nos parece grave ya que se estarían usurpando facultades legislativas. No podemos convalidar este tipo de acciones inconstitucionales. Si el Poder Ejecutivo quiere participar de este aumento discriminatorio y está de acuerdo, que envíe el proyecto de ley correspondiente”.

Recordaron que en abril de 2011, se trató y se debatió un proyecto de ley presentado por los bloques mayoritarios para dar fin a un conflicto que llevaba un mes. Entre los antecedentes, existían propuestas del Superior Tribunal de Justicia y de legisladores. “Finalmente se sancionó una ley que consagraba un aumento diferenciado, similar al que nos ocupa ahora, que nuestro bloque calificó de privilegio. Nuestro bloque no acompañó con su voto y seguimos pensando en el mismo sentido”, manifestaron en los argumentos.
Así, marcaron que “al ingresar el proyecto de ley 1263/18, vimos que el Decreto 492/18 modifica una ley sancionada. Esto entendemos que es avanzar sobre facultades del Poder Legislativo, volviendo la norma en inconstitucional. Entendemos que el decreto ya se está aplicando y que se están liquidando haberes inequitativos avalados por una norma inconstitucional. Ante este estado de cosas nos parece oportuno dejar sin efecto este decreto y generar los mecanismos necesarios para la discusión y resolución de los conflictos en forma democrática y participativa”.

 

 

Compartir