Lavado II: se entregó el empresario Pedro Martínez y quedó detenido

El empresario de la construcción, Pedro Martínez, se entregó este lunes ante el Juzgado Federal de Resistencia y quedó detenido. Era buscado por la Justicia en el marco de la causa conocida como “Lavado II”, en donde se investiga el desvío de fondos públicos a través de presuntos sobreprecios que habría pagado el municipio de Resistencia durante la gestión de Aída Ayala.

Imagen del allanamiento que se realizó el 22 de marzo en la casa de Pedro Martínez.

Uno de los empresarios de la construcción más beneficiados durante la gestión de Aída Ayala, Pedro Martínez, se entregó este lunes por la mañana ante el juzgado Federal de Resistencia y quedó detenido en la División de Bomberos de la Policía del Chaco.

Era buscado por la Justicia en el marco de la causa por presunto lavado de dinero y malversación de fondos derivados de supuestos sobreprecios pagados por el municipio de Resistencia para la concreción de obras públicas en la ciudad de Resistencia.

Por esta misma causa están imputados la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala (con pedido de desafuero y detención); el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo; su pareja, Mónica Centurión; su hijo, Facundo Sampayo;  el empresario, Alejandro Fischer; su mujer, Fátima Rigassio; los empresarios de la construcción, Carlos Huidobro y Pedro Martínez; Natalia Martínez Guarino (hija de Pedro Martínez); Ricardo Lopez Freschi; Luis Escobar y Rolando Javier Acuña.

Cabe recordar que en su elevación a la jueza federal Niremperger, el fiscal Patricio Sabadini sostuvo que Aída Ayala integró “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales, a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.

Según la acusación, la ex intendenta habría contado para ello con la colaboración, según la imputación, del dirigente sindical, Jacinto Sampayo, quien habría terminado siendo parte del negociado, perpetrado a través de la firma PIMP S.A., una suerte de muñeca mamushka, cuya disección conduciría a la jefa comunal y Sampayo.

PIMP tenía un único cliente: la Municipalidad de Resistencia. Se conformó apenas días antes del llamado a licitación que terminó ganando pese a sus nulos antecedentes en la materia. En su estructura societaria figuraban “nombres interpuestos”, es decir presuntos prestanombres o testaferros que disimulaban a los verdaderos propietarios. Y se habrían asegurado ingresos que excedían largamente la gestión.

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