Caso Greco: para la CIDH, Chaco no hizo “avances sustanciales” en 2017

Lo señala el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que monitorea el cumplimiento del “acuerdo amistoso” por los que la Provincia del Chaco se comprometió a una serie de medidas reparatorias con los familiares del artesano fallecido en 1990. Requirió información de la investigación penal Greco II, de las sanciones administrativas y del presupuesto para el Comité contra la Tortura y la Fiscalía de Derechos Humanos.

CIDH

“La Comisión observa que no han existido avances sustanciales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el último año, e insta a las partes a trabajar conjuntamente en la definición de fórmulas que permitan medir e impulsar el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa”, señala, entre sus conclusiones, el informe anual de la CIDH referido al caso del artesano Juan Angel Greco, quien fue detenido ilegalmente y alojado en una celda que luego fue incendiada ocasionándole graves lesiones que derivaron en su muerte, el 4 de julio de 1990.

Como el caso quedó impune, la familia recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tomó el caso contra el Estado Argentino y la Provincia del Chaco que llegaron a un “acuerdo amistoso” el 22 de octubre de 2003 donde el Estado chaqueño se comprometió a una serie de medidas reparatorias a la familia de la víctima, entre ellas a la reapertura de la investigación penal y de la administrativa contras los policías presuntamente responsables de la detención ilegal y la muerte de Greco, según consigna el informe al que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM.

Lo pendiente

En octubre de 2017, los familiares de Greco plantearon ante la CIDH que si bien hubo una sanción administrativa contra algunos de los responsables por la muerte del artesano fallecido, “los familiares y representantes no tuvieron participación en el proceso de investigación ni acceso al expediente, en violación del acuerdo de solución amistosa”. En ese contexto, los familiares advirtieron que desconocen los motivos por lo que a algunos funcionarios fueron sancionados y otros no.

Por otro lado, señalaron que tampoco recibieron información sobre la investigación penal del caso Greco II por parte del Estado, aunque sí tuvieron conocimiento de que la Secretaría de Derechos Humanos fue aceptada como querellante particular en el caso que, cabe agregar, cuenta con pedido de elevación a juicio desde diciembre pasado, tal como lo informara este portal.

Otra de las deudas del Estado chaqueño con el “acuerdo amistoso” suscripto ante la CIDH es la falta de información clara sobre el presupuesto asignado al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y sobre la labor de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos.

Las exigencias de la CIDH

En ese contexto, la CIDH reclamó información sobre la investigación penal de la llamada causa “Greco II”, que deberá contener una descripción completa sobre cómo se inició la causa, si hay imputados, cuáles son los hechos objeto de investigación, qué diligencias han sido realizados, cuáles serán los próximos pasos en la investigación y cuál ha sido el rol de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

Con respecto a la investigación administrativa, el organismo solicitó que la información aportada abarque las dos causas administrativas, los hechos que fueron investigados en ambos, el resultado final de ambas, las diligencias que fueron emprendidas y la motivación y justificación respecto a su cierre.

Por otro lado, la CIDH también pidió conocer la partida presupuestaria asignada y entregada desde el inicio de sus funciones y hasta la fecha al Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.

En tanto, en el caso de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la Fiscalía Adjunta de Derechos Humanos, se requirió la información que incluya la partida presupuestaria asignada, la cantidad de personal con la que cuenta, la cantidad de causas en trámite, cuántas han sido elevadas a juicio oral, cuáles han sido cerradas o archivadas y su motivo, “así como las acciones que tomarán para acelerar exponencialmente su labor”.

 

 

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