Lavado II: la hija del empresario Pedro Martínez se abstuvo de declarar; le otorgaron prisión domiciliaria

Natalia Martínez Guarino, hija del conocido empresario de la construcción, Pedro Martínez, se abstuvo de declarar ante la Jueza Federal, Zunilda Niremperger, en el marco de la causa conocida como “Lavado II”, donde se investigan el lavado de activos provenientes de presuntas cartelizaciones y sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio de Resistencia durante la gestión de Aída Ayala.

Martínez Guarino junto a su abogado, José Ballesta. Foto: Norte

Según informó José Ballesta, abogado de Martínez Guarino, la mujer se presentó ante la jueza Niremperger. Intentó hablar pero no pudo por su evidente estado de nerviosismo. Finalmente se abstuvo aduciendo problemas de salud.

Posteriormente, la Jueza decidió otorgarle la detención domiciliaria debido bajo condiciones a cumplir y control patronato liberados. La defensa técnica tendrá 10 días para realizar los planteos pertinentes.

Martínez Guarino es investigada por la presunta comisión de varios delitos, entre los que se cuentan lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesaria y asociación ilícita, en calidad de partícipe necesaria.

Cabe recordar que por esta causa están imputados la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala (con pedido de desafuero y detención); el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo; su pareja, Mónica Centurión; su hijo, Facundo Sampayo;  el empresario, Alejandro Fischer; su mujer, Fátima Rigassio; los empresarios de la construcción, Carlos Huidobro y Pedro Martínez; Ricardo Lopez Freschi; Luis Escobar y Rolando Javier Acuña.

Cabe recordar que en su elevación a la jueza federal Niremperger, el fiscal Patricio Sabadini sostuvo que Aída Ayala integró “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales, a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.

Según la acusación, la ex intendenta habría contado para ello con la colaboración, según la imputación, del dirigente sindical, Jacinto Sampayo, quien habría terminado siendo parte del negociado, perpetrado a través de la firma PIMP S.A., una suerte de muñeca mamushka, cuya disección conduciría a la jefa comunal y Sampayo.

PIMP tenía un único cliente: la Municipalidad de Resistencia. Se conformó apenas días antes del llamado a licitación que terminó ganando pese a sus nulos antecedentes en la materia. En su estructura societaria figuraban “nombres interpuestos”, es decir presuntos prestanombres o testaferros que disimulaban a los verdaderos propietarios. Y se habrían asegurado ingresos que excedían largamente la gestión.

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