Es muy grave la situación de las instituciones que atienden a personas con discapacidad

La falta de pago de las prestaciones, por parte del Programa Incluir Salud (Profe y PNC-Pami) de las que se adeuda a las instituciones desde el mes de octubre pasado, se suman las facturas impagas desde el mes de agosto de 2017 por servicios ya brindados. Una situación angustiante que no encuentra respuesta alguna en las autoridades nacionales del sector.

A pesar de las expresiones de acciones de los más altos funcionarios del Gobierno Nacional sobre el sector de la Discapacidad – amplificadas en los medios nacionales – las instituciones de atención a personas con discapacidad (Escuelas, Centros de Día, Hogares, Centros de Rehabilitación, transportistas, etc.) denuncian que la crítica situación financiera por la que se encuentran atravesando, “desde mediados de 2017, y a pesar de nuestros reclamos y gestiones, no solo no se ha podido revertir, sino que con el correr del tiempo se ha agudizado”.

En ese sentido, fue enviada al Presidente de la Nación Mauricio Macri, una Carta Abierta donde mencionan y detallan que las principales causas de la angustiante situación mencionada son:

  • Falta de pago de las prestaciones por parte del Programa Incluir Salud (Profe y PNC-Pami) de las que se adeuda a las instituciones desde el mes de octubre pasado, además de adeudar facturas desde el mes de agosto de 2017 por servicios ya brindados. Esta situación se traduce en dificultades para el pago de sueldos, cargas sociales, proveedores, etc.
  • Negativa de los organismos financiadores (O.S.-Pami-Ministerio de Salud) de considerar un aumento de aranceles atento al incremento del costo de vida, los aumentos salariales, las tarifas de los servicios, las cargas sociales, etc.

“La situación descripta afecta seriamente la continuidad del funcionamiento de los servicios, situación que hemos informado reiteradamente a los funcionarios responsables sin haber tenido hasta el presente una respuesta que nos permitiera afrontar la situación”, señalaron las instituciones que conforman el FORO PRO, organización a la cual pertenecen, junto a otras ONG’s que nuclean a instituciones y transportistas que brindan atención a personas con discapacidad.

‘Severos incumplimientos’
Para graficar las condiciones casi insostenibles por parte de las instituciones que atienden esta problemática a lo largo y ancho del país, y en nota dirigida al director General de la Agencia Nacional de Discapacidad, Lic. Javier Ureta Sáenz Peña, los coordinadores de los Grupos de Trabajo del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ODPCD), reunidos en Plenario de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento aprobado en Octubre de 2017, remarcaron “los severos incumplimientos” acerca de este organismo participativo.

En primer término, denuncian que, “el ODPC se encuentra acéfalo desde la renuncia de Raúl Lucero en noviembre de 2017”. Y luego, da una detallada descripción del proceso de vaciamiento que sistemáticamente sufrió este organismo por las actuales autoridades nacionales.

‘Incumplimiento deliberado’
Entre los aspecto más importantes, denuncian:

“1. El Gobierno Argentino, a través del Plan Nacional de Discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad, incumple deliberadamente lo dispuesto en el art. 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (con carácter constitucional otorgado por la ley 27044) que dice que los estados “mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención” y que “la sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento”.

2. La acción lesiva hacia los derechos de las personas con discapacidad impidiendo el funcionamiento del único mecanismo independiente para el monitoreo de la aplicación de la convención es reiterada, deliberada y desoye todas las oportunidades de diálogo constructivo y compromisos públicos que este plenario de coordinadores y los miembros de los grupos de trabajo (constituidos por personas con discapacidad, profesionales, directivos de ONGs, funcionarios de distintos ministerios) han efectuado.

3. Todo lo actuado en la órbita del Observatorio desde su creación ha desaparecido deliberadamente de la página de CONADIS y de la página de la Agencia, donde, curiosamente, sigue reconociéndose la existencia del ODPCD como parte de la estructura institucional.

Esto incluye los informes de los grupos de trabajo, las investigaciones sobre el estado de cumplimiento de artículos específicos de la Convención, las recomendaciones a los distintos organismos gubernamentales, las acciones de sensibilización, las videoconferencias federales, las actas de las plenarias interjurisdiccionales, los testimonios positivos y negativos de personas con discapacidad, familiares e instituciones, los planes de trabajo bienales, los horarios de reunión y mecanismo de contacto con los distintos grupos de trabajo.

4. A este respecto, consideramos penalmente responsables en los términos del artículo 248 del Código Penal Argentino a las autoridades de la Agencia y haremos las presentaciones pertinentes en los organismos nacionales e internacionales, así como en los medios de comunicación, para que esta acción delictiva cese, sea sancionada y tome estado público de modo que no pueda volver a repetirse en un futuro”.

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