Sánchez: “Capitanich hizo lo que tenía que hacer y la fiscal Griffith, no”

El diputado provincial justicialista y uno de los denunciantes originales de la causa contra la empresa Pimp SA en 2015, defendió lo actuado por el intendente de Resistencia y destacó la investigación que ahora se ventila en el fuero federal. Además lamentó que la causa fuera archivada - en la Justicia provincial - por la actual titular de la Fiscalía de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia.

Ricardo Sánchez, diputado del PJ

Durante su presencia en los estudios de CIUDAD TV y RADIO CIUDAD, el legislador del Frente Chaco Merece Más, sostuvo que la investigación que lleva adelante la Justicia federal – en la causa conocida como Lavado II – “es una reparación moral para aquellos quienes hicimos la denuncia en el 2015, y que no solamente la hice yo, sino también otros legisladores”.

Relaciones e irregularidades
Ricardo Sánchez enfatizó que en el marco de las actuaciones que se ventilan en el Juzgado a cargo de la Dra. Zunilda Niremperger, “hay varias cuestiones turbias en este tema de Pimp SA”.
Resaltando que, al momento de ser adjudicada por la Municipalidad de Resistencia, “era una empresa que no tenía ningún empleado; es decir, no tenía el alta de AFIP para ser empleador, el primer trámite.

“No tenía ningún camión compactador, ni nada que la hiciera parecer a una prestadora de servicios públicos; y tampoco tenía ningún tipo de antecedentes. Es decir, nada; salvo la relación política del Dr. Fischer con Aída Ayala, de la que ya había dejado de ser su yerno”.

Agregó que, años antes, se constituye Recifis SRL, “que es el antecedente de Pimp y con la que ya empezaron las contrataciones con la Municipalidad”. “Y luego viene Pimp SA, a la que nosotros denunciamos – no solo por esto que decimos – sino por la concesión de servicios públicos que, tal como lo dice la Carta Orgánica del muicipio, debe tener la autorización del Concejo. Pero, además, su aprobación por una mayoría agravada de dos tercios”.

“No solo Aída Ayala con la Resolución 448 elude todo esto, sino que – realmente – no hay forma de pensar que eso se podía haber hecho si no existiese toda esta relación política entre la exintendenta, Fischer y todo el entorno que hoy está siendo investigado. Si se escarba cada vez más, la investigación irá encontrando más basura, valga la redundancia del servicio”, aseguró Sánchez.

Por qué Capitanich continúa el contrato
Consultado por las razones que obligaron al actual intendente capitalino a dar continuidad a la concesión otorgada para la recolección de residuos, el diputado dijo que, “no nos olvidemos que Capitanich asume el 10 de diciembre de 2015, y en ése momento el contrato con Pimp SA era a ocho años, con posibilidad de ampliarlo a doce, y que solo había comenzado hacía pocos meses”.

“Obviamente que el intendente tenía que hacer lo que hizo, tratar de renegociar en el marco de un contrato vigente y a término, porque lo otro hubiese significado – para el erario público y los vecinos de Resistencia – pagar la indemnización. Lo que significa, un monto a abonar con el total de los ocho años de contratación”, precisó.

Es decir, remarcó Sánchez, le iba a salir más caro al intendente Capitanich rescindir éste contrato, que renegociarlo y obligando a la empresa a proveer mayor cantidad de camiones, regularizar a los trabajadores y proveerles ropa de trabajo, repara los contenedores de basura y agregar otros nuevos. Capitanich hizo lo que un buen administrador de la cosa pública debe hacer”.

El archivo de la causa en la Justicia provincial
En cuanto al tratamiento que originalmente tuvo esta denuncia en el ámbito de la Justicia provincial, donde fuera archivada por la fiscal Griffith Barreto, Sánchez subrayó que, “por supuesto no estuvimos de acuerdo con esa decisión, lo vimos apresurado”.

“Quizás la fiscal vio el momento político en que hicimos la denuncia, en un año electoral 2015 y previa a la campaña a la gobernación (donde Aída Ayala era candidta por la oposición); pero no era lo que tenía observar. Sino, si había o no delito”, apuntó el legislador.

“Algunas cosas como los sobreprecios y todo este entorno de empresas alrededor de Aída Ayala, que están muy bien investigando el Dr. Sabadini y la jueza Niremperger, merecen este tratamiento. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, la autorización del Concejo, del que sólo hace falta ver dos o tres papeles para ver dónde está el acta del Cuerpo, que autorizó contratar a Pimp SA. ¿No hay acta?, el abuso de autoridad y el cumplimiento a los deberes de funcionario público está clavado. Después, podrá discutirse que toda la cuestión del lavado de dinero necesita un tiempo de investigación”, indicó.

“Lamento que la Dra. Griffith Barreto, de quien tengo muy buen concepto desde lo personal e intelectual, en este tema no actuó como corresponde. Porque archivó una causa que no había manera de hacerlo, sólo había que mirar dos o tres papeles”, criticó Ricardo Sánchez.

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