Capitanich desmintió a Aída y dijo que con la renegociación de contratos el municipio ahorró $1.000 millones

El intendente de Resistencia respondió a las acusaciones de la diputada nacional de Cambiemos y exintendenta, Aída Ayala, respecto a la empresa PIMP SA, concesionaria de la recolección de residuos no convencionales y cuyo contrato millonaria hoy está en la mira de la justicia. Al contrario de lo dicho por la legisladora, dijo que el contrato se renegoció. Comparó el caso de Aída con el de Julio De Vido. “Hay un doble estándar”, disparó.

Capitanich desmitió a Aída Ayala y dijo que se renegoció el contrato con la empresa PIMP.

Durante la mañana de este martes, Ayala había puesto en duda que el actual intendente, Jorge Capitanich, haya renegociado contratos del municipio, entre ellos el que PIMP SA tiene para realizar la recolección de residuos.

Dicha afirmación la hizo al intentar vincular al actual intendente con la causa por presunto lavado de activos y malversación de fondos que la tiene a la diputada en calidad de imputada y con un pedido de desafuero y detención por parte de la Justicia Federal.

“Establecimos una estrategia de renegociación de todos los contratos. Y vamos a ahorrar mil millones de pesos”, sentenció Capitanich en declaraciones a radio Libertad.

Mencionó a Relevamientos Catastrales, EMI y PIMP SA. Y sobre esta última resaltó que “se investiga el origen de la empresa, que corresponde a la gestión anterior”.

Especificó que se renegoció de 21 a 24 camiones, que ahora son 90 zonas de recolección, 30 zonas en tres turnos y ocho de recolección de contenedores. Además que se entreguen uniformes, reparación de contenedores.

Pero además aseguró que se realizaron “comunicaciones” al Tribunal de Cuentas que remitió la recomposición accionaria de la empresa. Esa información se remitió al Concejo Municipal, a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Qué se investiga

En este marco, Capitanich reconoció que “los requerimientos de la justicia son múltiples y nosotros estamos colaborando con la justicia como corresponde. Acá quién está imputado o procesado tienen que contestar o que le pide el expediente y no hacer política con eso”.

“Esta causa se origina en una licitación pública (número 10 del año 2014). El instrumento legal del llamado a licitación fue una resolución”, dijo. Detalló que era para la manutención y reparación de camiones, por un contrato de cerca de 250 millones por ocho años con la posibilidad de extenderlo por cuatro años más.

Y que en total, eran 2,6 millones de pesos mensuales. La misma se licita en abril de 2014 y se otorga meses después. El único oferente fue PIMP SA.

Según su versión, la firma tenía ocho camiones y una camioneta alquilados. Además de un capita inicial de 100 mil pesos.

Pero además resaltó que PIMP SA se creó el 10 de octubre de 2013, cuando se habilita la oficina sin ocupación de la misma. Al momento de la licitación, meses después, “no contaba con el equipamiento”.

“Las personas vinculadas al contrato original se tienen que enfocar en responder todas estas dudas de la causa. Ninguna de las renegociaciones nuestra ha tenido aprobación del Concejo Municipal, pero si tiene avances ‘fácticos’”, indicó. Y sostuvo que eso tiene “peso judicial”.

Los fueros de Aída

“No puede haber doble estándar respecto al pedido de desafuero. En el caso de la Cámara de Diputados ya opinaron en el caso de Julio De Vido, quien era un diputado opositor al gobierno nacional. Ahora, es una diputada oficialista”, indicó.

“Yo entiendo la política como la necesidad del máximo ejercicio de transparencia, para eso están los medios de comunicación y la justicia. En mi caso personal jamás pongo estas cuestiones para manchar el nombre de nadie porque fui víctima de miles y miles de operaciones. Las cuestiones políticas se deben dirimir en las urnas”, recomendó.

“En ese contexto también se debe ser respetuoso de la justicia. Uno tiene que responder lo que dice el expediente”, concluyó.

FuenteRadio Libertad
Compartir