Revocatoria: Dos represores más cerca de una condena

En 2010, Víctor Pino Cano y Osvaldo César Quiroga habían sido absueltos en el juicio por los crímenes cometidos en la UP 1 de Córdoba en 1976. Ahora, la Corte revocó la absolución y consideró que aquel fallo, ratificado por Casación, incurrió en arbitrariedades, omisiones y falencias.

Palacio de Tribunales.

En un fallo inédito en los juicios por delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución – que hasta había sido convalidada en segunda instancia – de dos militares que fueron juzgados junto a Videla y Menéndez en 2010. Se trata de Víctor Pino Cano, de 86 años, y Osvaldo César Quiroga, de 72, sobre quienes pesa la responsabilidad del traslado y posterior fusilamiento de tres presos políticos cautivos en la UP1, en Córdoba, en el invierno de 1976.

Con los votos a favor de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, y el voto en disidencia del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte resolvió –el pasado martes 10– “declarar procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y por la querella, y dejar sin efecto la sentencia en cuanto confirmó las absoluciones de Víctor Pino Cano y Osvaldo César Quiroga en relación a los homicidios de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí decidido”.

Maximiliano Hairabedián –uno de los fiscales de la causa Videla-Menéndez junto a Carlos Gonella– dijo a PáginaI12 que “no se hará un nuevo juicio. Esto significará que una sentencia condenatoria podrá ser dictada por un Tribunal Oral o por una sala de la Cámara de Casación”. Según explicó, “ya hay antecedentes de que una cámara condena. Se conoce como casación positiva. Y eso es rápido porque es sólo dictar sentencia”.

La resolución de la Corte causó sorpresa tanto en tribunales como en las familias de las víctimas. Y restaña heridas aún abiertas. “Estoy muy contenta. En este contexto que estamos viviendo no me lo esperaba. Pasaron siete años desde esa tarde terrible. De ese mazazo para mi familia y las de los compañeros de muerte de mi marido”, memoró Raquel Altamira, la viuda de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), fusilado a los 35 años junto a Gustavo Adolfo de Breuil, de 23, y Arnaldo Higinio Toranzo, de sólo 19.

La tarde a la que se refiere Raquel fue la del 22 de diciembre de 2010, cuando el Tribunal Oral Federal 1, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo, condenó a prisión perpetua en cárcel común los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, juzgados junto a otros 28 represores por el asesinato de 31 presos políticos en la cárcel UP1 de Córdoba, pero absolvió a los acusados por el crimen de su esposo y dos de sus compañeros de presidio.

El final de ese juicio mezcló la algarabía de la multitud presente por las condenas a los jerarcas de la dictadura y sus esbirros, con el llanto de dolor e impotencia de los miembros de las familias afectadas por las absoluciones. “Tenía el corazón partido. Claro que comprendía la alegría de todos –memoró Raquel Altamira–, por eso habíamos luchado tantos años. Pero también tuve que contener a mis hijos Hernán y Carolina que no podían parar de llorar. No podíamos entender cómo, si había pruebas, los absolvían.”

A lo largo de cada una de las audiencias de 2010, quedó claro cómo funcionaba el terrorismo de Estado en la UP1. Las torturas, las vejaciones, los estaqueamientos, las golpizas sistemáticas, los traslados y los fusilamientos que en la jerga se conocían como “operativos ventilador”, y en los que se asesinó a 31 prisioneros políticos a disposición del PEN.

En su resolución, la Corte citó el recurso de la fiscalía y detalló que “el Tribunal Oral tuvo por probado que en el marco de la lucha antisubversiva llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba funcionó como centro clandestino de detención, en la medida en que, a partir del golpe de Estado, el Ejército tomó su control e implementó un régimen de violencia ilegal extrema contra los ‘detenidos especiales’, es decir, aquellos sospechados de integrar o mantener algún vínculo con las organizaciones consideradas subversivas, como ‘Montoneros’ y ‘Ejército Revolucionario del Pueblo’, entre otras.

De acuerdo con ese régimen, estos detenidos fueron sometidos a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de haberse fusilado a varios de ellos en zonas aledañas, luego de traslados justificados con motivos falsos, bajo el pretexto de intentos de evasión y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Estos hechos, según el tribunal, integraron un plan sistemático de represión implementado desde el Estado” y constituyeron “delitos de lesa humanidad”.

¿Por qué entonces el tribunal absolvió a Víctor Pino Cano, jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, y al entonces teniente primero Osvaldo César Quiroga, en este triple fusilamiento?

En sus planteos recusatorios tanto la querella como la fiscalía coincidieron en que los jueces del Tribunal (y luego la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal) tomaron como valederos los argumentos de la defensa de Quiroga, que alegó que el imputado sólo cumplió la orden de traslado y que no sabía que los matarían. En defensa del reo también se arguyó que “nadie sería tan tonto” como para firmar un acta de retiro de prisioneros a plena luz del día para después fusilarlos. Es decir, “lo que para Quiroga fue garantía de inocencia (firmar), para otros fue sinónimo de responsabilidad”, razonó el ministerio fiscal.

Según la Corte, lo que se les habría pasado por alto tanto al TOF 1 como a Casación Penal es que “al momento de analizar aspectos puntuales del hecho atribuido a Cano y a Quiroga, omitieron incorporar a su valoración el contexto de grave impunidad que entonces imperaba”. Quiroga firmó el acta que le impuso el jefe de la cárcel antes de llevarse prisioneros al muere porque se sintió impune. No imaginó que 34 años después sería juzgado.

 

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