Reformaron la ley que obliga a responder los pedidos de informes legislativos

La iniciativa legislativa fue impulsada por el diputado radical Roy Nikisch. No solo reduce el tiempo de contestación, de 20 a 10 días hábiles, sino que establece que la penalización para el funcionario que incumpla sea aplicada de manera efectiva por la Secretaría General de Gobierno.

El Parlamento chaqueño sancionó la ley 2798-B- que modifica los artículos 1º y 3º de la ley 678-P. (antes ley 3604) que refiere a la obligatoriedad a los requerimientos de informes. La propuesta partió del diputado radical Roy Nikisch. La misma reduce de 20 a 10 días hábiles la contestación por parte del Ejecutivo; y en cuanto a los astreintes (penalización que se hace al funcionario que incumple) será la Secretaría General de Gobierno de la provincia la que aplique la sanción correspondiente.

La Cámara en Comisión sancionó la ley 2798-B que modifica los artículos 1º y 3º de la ley 678-P (antes ley 3604)- Obligatoriedad a los requerimientos de informes los que quedarán redactados de la siguiente manera: El nuevo artículo 1º: El Poder Ejecutivo, por sí o a través del Ministerio u organismo que corresponda, deberá dar cumplimiento a los requerimientos de informes que se formulen en virtud del artículo 107 de la Constitución Provincial 1957-1994 y de la ley 664, provenientes de la Cámara de Diputados de la Provincia o de una comisión de la misma, dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la recepción del requerimiento. Vencido dicho término, la Cámara podrá, si razones fundadas así lo aconsejan, intimar la contestación en un plazo perentorio que la misma fijara.

Los pedidos de informes a las Intendencias o Concejos Municipales serán formulados únicamente cuando se traten de informaciones vinculadas al funcionamiento institucional o materia de competencia legislativa.

El nuevo artículo 3º dice que “en caso de incumplimiento y vencido el plazo de intimación, el Cuerpo en comisión podrá disponer la imposición de astreintes a los funcionarios responsables de hasta un 30% del importe que se descontará en forma directa de los haberes líquidos que percibieren, debiendo efectivizarse dentro de las 24 horas de liquidado el haber correspondiente al mes posterior inmediato a la sanción, a través de depósito en el Nuevo Banco del Chaco S.A., en una cuenta habilitada a nombre del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para sostenimiento del sistema educativo chaqueño, lo que deberá ser notificado a la Cámara de Diputados y a los legisladores que generaron el pedido de informe, dentro de las 48 horas de haber sido impuesta dicha sanción. En caso de incumplimiento por parte de la Secretaría General de la Gobernación de la obligación impuesta en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo, en la figura del Gobernador, deberá aplicar igual sanción, con iguales plazos, al funcionario que incumpla con su deber de aplicar astreintes a quien no responde el pedido de informe.

Los fundamentos en el Recinto

El diputado radical Nikisch explicó que se trata de un proyecto de ley de 2016 vinculado con los pedidos de informes que se hacen al Ejecutivo provincial por parte de esta Legislatura; y trata de la modificación de los artículos 1º y 3º de una ley del año 1990 iniciativa del ex diputado Mario Wasfeld y dado los años ha perdido temporalidad. Precisó que “en el art. 1 reduce de 20 a 10 días hábiles la contestación por parte del Ejecutivo; y en cuanto a las astreintes – que es la penalización que se hace a los funcionarios que prevé la ley, – dice la ley vigente que al no contestar tenía que volver la cámara, y la cámara en comisión determinar. Lo que nosotros planteamos es que directamente ante el incumplimiento por parte de los funcionarios la Secretaría General de Gobierno de la provincia sea la que directamente aplique los astreintes” expuso el legislador.

Luego adelantó que “va a haber alguna modificación que se van a plantear desde la bancada oficialista, y en definitiva, lo que se trata es hacer que esto funcione”. “Funcionó bastante poco y creo que de esta manera vamos a lograr una señal positiva a la sociedad, y digo más, como ex gobernador es una mano que se le da al gobernador, porque el gobernador no puede estar en todas las cosas, no puede controlar a todos los funcionarios” observó. “De esta manera también es un poco cuidar las espaldas a quienes son electos por el pueblo” aseguró Nikich.

Su par de bancada Irene Dumrauf, adhirió a los términos de la iniciativa legislativa plasmada en el proyecto de ley 5130/16 “que apunta a sancionar el incumplimiento de aquellos funcionarios que no responden a los pedidos de informes que  realiza la Legislatura”, dijo y a continuación hizo un “análisis particular del tema”.

“Este proyecto de ley realmente va a cumplir los objetivos propuestos del autor, siempre y cuando los pedidos de informes se aprueben” puntualizó. “Porque si seguimos teniendo pedidos de informes, tenemos más de 100 pedidos de informes que no son aprobados por el Cuerpo y que ´duermen el sueño de los justos´ y que hacen a nuestro derecho a acceder a la información, la verdad es que esta ley una vez sancionada sería letra muerta, porque para eso deben ser aprobados los pedidos de informes, y que sistemáticamente, todos los miércoles planteamos desde el bloque de la oposición la aprobación de estos pedidos de informes que reitero como lo he dicho en innumerables sesiones – hacen al derecho que tenemos los legisladores de acceder a la información, en virtud  de los actos de gobierno que se llevan adelante en las distintas reparticiones tanto provinciales como municipales” enfatizó la legisladora acompañamiento la propuesta.

El justicialista Héctor Vega, apoyó el proyecto y destacó al autor original de la ley. “Recordando a un gran democrática el señor Mario Wasfeld con gusto vamos a acompañar la iniciativa” expresó.

Por su parte el jefe de la bancada oficialista Hugo Sager, adelantó el apoyo de la iniciativa. “Tal cual nosotros hicimos el compromiso de apoyar este proyecto, más allá que aquí se hicieron otro tipo de consideraciones que tienen que ver con la cuestión de las resoluciones que plasman pedidos de informes y su aprobación”. “Creo que lo que propone el diputado Nikisch va en la dirección de agilizar el acceso a la información. Nosotros aquí en la Cámara hemos aprobado una serie – por lo menos desde que estoy – de pedidos en ese sentido. Esto ha sido beneficioso, positivo, y estamos a punto y hemos hecho un compromiso en la propia sesión llevada adelante en la ciudad de Castelli de avanzar en el tratamiento de normas que también avanzan en el sentido de dar mayor transparencia y agilidad en el conocimiento de la información que el legislador necesita, y que la comunidad está ávida para controlar las acciones de gobierno” observó. “Y lo hacemos convencido que desde nuestro bloque este aporte va en ese sentido, y por lo tanto, solamente vamos a proponer algunas modificaciones respecto de la propuesta original que ha sido acordada con el autor y que enriquecen el proyecto y le dan una mayor agilidad aún a la propuesta inicial. Con ese espíritu vamos a apoyar este proyecto” aseguró.

Daniel Trabalón del bloque Frente Grande expresó el acompañamiento a la iniciativa. “Este es un tema que en reiteradas oportunidades se ha tratado en esta Legislatura”, dijo “y me refiero a los pedidos de informes y creemos y lo hemos planteado que se deben aprobar los pedidos de informes porque son un derecho constitucional que tienen los legisladores”. “El proyecto no toca ese tema porque es responsabilidad nuestra aprobarlos pero nos parece importante porque mejora la legislación vigente y el mecanismo que tenemos agilizando los tiempos”. “Nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa que pueda mejorar esto pero llamamos la atención también a la necesidad de avanzar en la decisión política de una legislación la que pretendíamos tratar hoy y que se nos ha impedido tratar en esta legislatura. No solo hace falta que se agilicen los pedidos de informes, no solo hace falta que el estado cumpla con esa responsabilidad, que los funcionarios cumplan, nosotros creemos que se dé respuesta a una demanda social que es el control social directo” reclamó Trabalón y planteó que “en la época en la que estamos todos los poderes deberíamos hacer que la información que tenemos sea de acceso público. Que cualquier ciudadano, que cualquier organización, pueda ver  en las páginas digitales, en las páginas web que tenemos para eso las creamos los poderes para que la información sea de acceso público y sobre todo cuando tiene que ver con recursos públicos y recursos del estado” señaló el legislador que insistió que la información debería estar publicada en sus páginas web, debería ser de acceso no solo de la información, sino la información documentada.

 

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