Protocolo para protestas: el Comité contra la Tortura advirtió que no puede ser “regresivo”

En una reunión mantenida con el intendente Jorge Capitanich, miembros del Comité Provincial de Prevención de la Tortura advirtieron que la protesta social "es un derecho" y que no se puede avanzar en ninguna reglamentación que retrotraiga los alcances del denominado "Protocolo Garré", al que la provincia del Chaco adhirió por ley.

Ariela Álvarez, presidenta del Comité; Silvio Del Balzo, vicepresidente, y Alejandro Armoa, vocal, participaron de la reunión con el jefe comunal junto a integrantes de la Asociación Pensamiento Penal y el dirigente social Quintín Gómez donde se abordó la futura implementación de un “Protocolo de Intervención Conjunta en Manifestaciones Públicas” impulsado desde el Ejecutivo Municipal.

El mencionado Protocolo está promovido desde una convocatoria a la participación de la ciudadanía para su aprobación a través del portal del municipio. En ese contexto, el Comité planteó algunas observaciones sobre el proyecto, remarcando la plena vigencia de la Ley N° 7.710 “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”.

En tanto, desde el organismo se haría una recomendación formal sobre los puntos observados con la posibilidad de generar una mesa de trabajo que involucre a los movimientos sociales para la creación de un Protocolo más integral y en el marco del Principio de No Regresividad en relación al ejercicio y protección del derecho humano esencial de protestar.

No debe obviarse que el Comité de Prevención de la Tortura tiene entre sus funciones específicas la de participar en temas relacionados con violencia institucional por eso sostiene que “la protesta social, como forma esencial de expresión democrática, no puede ser sometida a un ‘sí o no’, no se puede plebiscitar”.

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