Denuncian que un represor correntino viola la prisión domiciliaria en Córdoba

La Fiscalía Federal de Corrientes inició gestiones para que el represor Abelardo Palma, que actuó en esta capital durante la dictadura, luego de que organizaciones de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba denunciaran que el ex gendarme viola la prisión domiciliaria con la que fue beneficiado tras ser procesado por crímenes de lesa humanidad.

Juzgado Federal Nº1 de Corrientes.

El fiscal federal Flavio Ferrini, requirió al Juzgado Federal Nº1, medidas “urgentes” para verificar las salidas ilegales que realizó Palma de su casa en el barrio Parque de Villa Dolores, Córdoba, donde fijó residencia al ser beneficiado con prisión domiciliaria por ese estrado judicial.

El ex gendarme está acusado de integrar la cúpula del aparato represor de Corrientes durante la última dictadura militar y una de sus víctimas, el productor agropecuario y ex preso político Rogelio Tomasella, reclamó ayer “que se ajuste a derecho”.

Palma, según el auto de procesamiento al que accedió El Litoral, fue identificado como uno de los integrantes de la comisión que secuestró en una redada a tiros a Tomasella en la avenida Teniente Ibáñez de esta capital en la primera semana de septiembre de 1976.

Tras su procesamiento en 2015 junto a otros 11 agentes de diversas fuerzas que operaron en el circuito represor de la dictadura, Palma fue beneficiado con la domiciliaria en atención a que “su delicado estado de salud le impedía cumplir su detención en una cárcel del servicio penitenciario”, según indica el pedido de pruebas realizado por la fiscalía federal.

Según fotografías difundidas por organizaciones de Derechos Humanos de Córdoba, difundidas en el sitio de noticias traslasierranoticias.com.ar, Palma iba de compras a un supermercado de Villa Dolores, donde además, compraba billetes de juegos de azar.

Así es que el fiscal Ferrini solicitó a Soto Dávila que oficie el pedido del registro de las cámaras de seguridad del comercio e hizo firmes advertencias sobre la violación de la prisión, pues se trata de un caso que está en las puertas del juicio oral.

La situación “pone de manifiesto el riesgo procesal de las condiciones de su detención, toda vez que la causa cuenta ya con un requerimiento de elevación a juicio, próxima a su elevación a juicio oral y público, y que la eventual pena a aplicar será de efectivo cumplimiento, por la calidad y la seriedad de las pruebas acumuladas”, indicó el ministerio público fiscal en su pedido.