Corrupción: aseguran que los fondos presuntamente robados al Estado podrían recuperarse

Así lo aseguró Marco Molero, abogado que representanta al Estado en la causa que se investiga a exfuncionarios por la presunta malversación de fondos y lavado de dinero. Indicó que esta medida se podría tomar de darse una condena contra los sospechados. Defendió la presentación del gobierno como querellante particular al afirmar que la legislación así lo prevé.

En la causa por presuntos actos de corrupción contra exfuncionarios públicos, Marcos Moleros se presentó como querellante particular en representación del Estado.

Marco Molero, representante legal del Estado chaqueño en la causa por presuntos casos de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales, aseguró que de encontrarse culpable a los sospechados y ratificarse la acusación fiscal, los fondos presuntamente robados al erario público podrían regresar a las arcas provinciales.

En declaración a CIUDAD TV, Molero dijo que el Estado podrá recuperar los fondos robados “en la medida en que se declare la culpabilidad de los imputados, de haberse secuestrado los bienes, inhibido ciertas cuentas y garantizado cierto estándares”.

En este sentido recordó que, junto a Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, es uno de los representantes legales del Estado en la causa por malversación de fondos públicos y lavado de activos (entre otros delitos) que se le imputan a exfuncionarios provinciales, y que tiene como principales protagonistas al exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey y al exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, ambos actualmente detenidos.

El abogado ratificó la pertinencia de la presentación del Estado como querellante particular al señalar que es un “imperativo de la ley”. “Acá se están cumpliendo cada uno de los estamentos que se están cumpliendo cada uno de los estamentos que se vienen constituyendo como querellante responde a una imposición legal. El artículo 8 del Código Procesal Penal de la provincia sostiene que en cuanto se viera afectado el patrimonio (público) el Estado deberá constituirse”, explicó Molero. De todos modos, el pedido aún no fue analizado por la Justicia Federal ni provincial.

Lavado

Cabe recordar que la causa denominada “Lavado I” tiene dos fueros que pelean para determinar quién será el que tendrá competencia: el Federal y el Provincial. El primero fue el que inició las investigaciones, de la mano del fiscal, Patricio Sabadini. En este fuero se lo acusa a Rey, Lugo y a personas allegadas como coautores de los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad, por ser miembros de una banda y por ser cometidos en ejercicio de la función pública.

A Rey y Lugo se lo imputa puntualmente de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, “malversación de caudales públicos”, “fraude en perjuicio de la administración pública” (en el caso de Rey en siete hechos) e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por estos mismos delitos también está imputado el exsubsecretario de Medios, Paulo Buttice.

También se imputaron a Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela y Ricardo Ariel Retamozo, en calidad de coautores; como partícipes necesarios a Hugo Orlando Rey (hermano de Horacio Rey), Susana Beatriz Fernández (pareja de Rey y exsecretaria privada del gobernador Domingo Peppo), Ramón Alejandro Chávez y Gustavo Alejandro Katavich (exresponsable del fideicomiso de pautas publicitarias, detenido este martes), y a Facundo Gil, titular de la agencia de publicidad Brandon SRL, como partícipe secundario.

A la lista se agregan César Orlando Zibecchi y Patricia Raquel Zibecchi imputados por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública”, en calidad de partícipes necesarios, “asociación ilícita” y “fraude en perjuicio de la administración pública” (en tres hechos).

En tanto, el fuero provincial acusó a las mismas personas por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencia y asociación ilícita.

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