Desalojo y represión en Educación: “son intolerables y violatorios de la Ley”

"Inadmisible, abusiva y ultrajante es la violencia que ejercieron los funcionarios públicos policiales masculinos sobre las mujeres que estaban reclamando el pago de becas adeudadas", señalaron desde el Comité Provincial de Prevención de la Tortura con respecto al violento desalojo de manifestantes del Ministerio de Educación. "La protesta social no es delito", reiteraron.

Sede del Comité Provincial contra la Tortura

Publicamos el comunicado del Comité contra la Tortura:

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“El Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (CPTCh) declara que existiendo Protocolos que hacen al Principio de Racionalidad, al Principio de Oportunidad y al uso de la Fuerza Pública, el desalojo y represión ejecutados por la Policía de la Provincia del Chaco en las instalaciones del Ministerio de Educación de la ciudad de Resistencia son intolerables y violatorios de la Ley.

Es decir que quienes ejercen sus derechos de protesta social o a peticionar ante las autoridades públicas no cometen delito, ni contravenciones, porque son derechos humanos fundamentales ejercidos .

Inadmisible, abusiva y ultrajante es la violencia que ejercieron los funcionarios públicos policiales masculinos sobre las mujeres que estaban reclamando el pago de becas adeudadas. Cabe resaltar el castigo que recibe una de ellas durante su detención, con la evidencia de material fílmico, y el posterior traslado a dependencias policiales en un intento de criminalización de la protesta por parte del Estado provincial.

Constan estos hechos, además, en denuncias realizadas ante este Comité.

La responsabilidad les cabe también a la Ministra de Educación Marcela Mosqueda y al Ministro de Seguridad Carlos Barsesa por que nunca se inició una negociación ante el reclamo de los trabajadores, ni hubo funcionario político que la lleve adelante en tiempos razonables y no se evitó el uso de gases lacrimógenos. Menos aún se tuvo especial consideración con los grupos vulnerados en sus derechos, en este caso mujeres.

Demás está aclarar que la base de los Protocolos, a los que la provincia suscribe, es la voluntad política e institucional de no reprimir.

El Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes condena el incumplimiento de los Protocolos establecidos porque la ruptura de la legalidad es el comienzo de la tortura”.

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