El faro

El juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos no es algo que compete solamente a las víctimas y sobrevivientes, sus familiares y amigos. No se trata sólo de conseguir justicia y reparación para aquellos que ya no están.

Por Victoria Ginzberg

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Se trata, además, de establecer una base ética y jurídica desde la que construir un país. Al menos, idealmente. Porque con los represores fuera de las cárceles todas las referencias carecen de sentido.

Los organismos de derechos humanos, sus dirigentes e integrantes, fueron conscientes de ese rol institucional. Pero no siempre fue así, al principio fue solo intuición. Fueron mujeres que se reunieron en una plaza, luego de encontrarse en las iglesias y en los cuarteles donde buscaban a sus hijos. Quienes comenzaron reclamando aparición con vida y luego memoria, verdad y justicia se convirtieron en una guía: señalan un piso desde el que partir, aunque por muchos años no existiera ni ese piso, sino un subsuelo lúgubre donde los represores no sólo estaban libres sino que eran interlocutores válidos en medios y elegidos como intendentes o gobernadores.

Los organismos de derechos humanos, se sabe, nunca pidieron venganza. Cuando se reabrieron los juicios a los represores, ni siquiera se forzaron los límites de la legalidad con tribunales especiales, que podrían haber sido válidos, como lo fueron en otros lugares del mundo. Se usaron las leyes y los recursos existentes. Eso implicó muchas veces dilaciones casi interminables, tener que lidiar con jueces que no sabían o no querían avanzar y que no tenían ni querían tener sensibilidad con las víctimas.

Muchas veces hubo condenas bajas. O absoluciones dictadas porque no se encontraban pruebas suficientes a criterio de los jueces, pruebas difíciles de obtener a cuarenta años de los hechos y cuando los crímenes eran parte de un sistema clandestino. Hubo también muchos funcionarios judiciales que se cargaron estas causas al hombro, que se comprometieron y lo sintieron como un deber y un privilegio.

Pero solo desde la ignorancia o la mala intención se pueden levantar voces que quieren dar cátedra de “debido proceso”, de “tolerancia” o “cultura democrática” en relación a los juicios y a los presos por delitos de lesa humanidad. Más, si fueron voces que estuvieron ausentes en este camino trabajoso con el que se buscó desandar la impunidad que habían dejado la leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los Indultos.

Un camino que tuvo una participación muy amplia, no sólo de militantes y simpatizantes de la gestión kirchnerista – que le dio impulso con decisión política – sino también de muchos otros que, críticos en muchos aspectos del gobierno anterior, entendieron que el juzgamiento de los represores era una conquista de todos los que durante años lo habían pedido y se habían movilizado. Y más importante: que no importaba de quién era el mérito, sino que lo que había que hacer era ponerse a trabajar para tener justicia.

Los organismos de derechos humanos, los familiares de los desaparecidos y los abogados que los representan fueron quienes más hicieron en este país para construir y sostener el debido proceso, la tolerancia y la cultura democrática. Pero, además, tuvieron que estar alerta para que quienes vivieron su vida destruyendo el debido proceso, la tolerancia y la democracia no quisieran buscar privilegios o impunidad enarbolando esas banderas.

El fallo de la Corte Suprema sobre el 2×1 fue un ejemplo. Los jueces argumentaban que se trataba de garantizar la igualdad a los represores con el resto de los presos. Pero, en realidad, los convertía en los presos más privilegiados del país. Porque eran beneficiados por el 2×1 sólo porque no habían sido juzgados cuando debían. Y porque ellos eran casi los únicos presos a quienes se iba a aplicar ese beneficio en la actualidad. Los arrestos domiciliarios son otro ejemplo.
Los jueces han concedido muchísimos, ya que los presos condenados por delitos de lesa humanidad son gente mayor y tienen problemas médicos. (Y otra vez, lo son porque no fueron juzgados cuando debían). Según el informe de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad conocido ayer, de los 2479 imputados, 580 tienen prisión domiciliaria y 1293 están en libertad. Lo que se exige es que no haya una excarcelación en masa, un indulto generalizado encubierto. Que los represores, condenados por delitos considerados una afrenta contra la humanidad, simplemente no tengan privilegios.

La lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado fue y es también la lucha contra la impunidad de la violencia institucional, el gatillo fácil, la pelea por buenas condiciones carcelarias, de respeto a las garantías individuales, la libertad de expresión, contra el hambre y los despidos, por el derecho a la vivienda, a la educación. Y como los organismos se constituyeron en una referencia de estos reclamos, también son blanco de ataques que buscan deslegitimar su voz.

En definitiva, los organismos de derechos humanos son la guía para levantar los cimientos institucionales de un país deseado. Pero todavía más son el faro en la calle, la convicción de que hay que salir a pelearla, a reclamar. No fue casual esa marea violeta y verde en las plazas el 8 de marzo en un país con una tradición de mujeres que se organizan. Las Madres y las Abuelas lo saben: cuando pasa lo peor, lo primero de todo es estar juntos, en la calle.

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VIAPublicado en Página 12
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