La Corte Suprema pidió investigar las filtraciones de las escuchas a Cristina

Después de más de un año de filtraciones en los medios afines al Gobierno de conversaciones privadas entre Cristina Kirchner y el ex secretario presidencial Oscar Parrilli, la Corte Suprema firmó una acordada en la que pide al Congreso que audite la dependencia del propio tribunal, dirigida a su vez por el camarista federal Martín Irurzun, que se ocupa de hacer escuchas telefónicas.

La Corte Suprema pidió investigar las filtraciones de las escuchas a Cristina

También le requirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, que tiene a cargo una causa penal sobre el tema, que informe si se detectó fallas en el resguardo de la confidencialidad y la custodia. El alto tribunal es hace tiempo foco de sospechas porque la difusión de conversaciones con todos los condimentos del espionaje político ocurrió justo desde que el Departamento de Captación de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) quedó a su cargo por decisión del gobierno de Mauricio Macri. Esta es la primera vez que adopta alguna medida concreta, pero todo indica que está abriendo el paraguas: anteayer el Frente para la Victoria, Cambiemos y el Frente Renovador en una alianza milagrosa en Diputados habían consensuado un pedido de informes a los supremos sobre las escuchas divulgadas cuya votación se desmadró por la convulsionada sesión sobre el DNU de “desburocratización del Estado”; pero lo que sí se votó es que en 15 días tenga preferencia un proyecto de Leopoldo Moreau para citar a la Comisión de Asuntos Constitucionales al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al titular de la AFI, Gustavo Arribas, al juez Ariel Lijo, que tenía a cargo la causa donde se realizaron las escuchas divulgadas, y a Irurzun.

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Desde que recibió el aparato de las escuchas a comienzos de 2016 gracias a un decreto de Macri que se lo arrebató a la Procuración General, la Corte fue multiplicando las facultades de esa dependencia, que terminó llamándose “Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado”. Además de pinchar teléfonos se le dio la facultad de investigar e incluso un convenio con el Poder Ejecutivo le habilitó el acceso a bases de datos claves, como las de la AFIP. El hombre a cargo, Irurzun, es presidente de la Cámara Federal, y un gran aliado de Lorenzetti; su número dos es el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra; y el director ejecutivo, Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Lijo. Ayer a la tarde, poco después de que la Corte dio a conocer la acordada donde pide que la Comisión Bicameral que fiscaliza organismos y actividades de inteligencia haga una auditoría, la propia dirección que está bajo la lupa emitió un comunicado en el que aclara, que funciona con autonomía respecto de la Corte, que siempre entrega los audios de las conversaciones interceptadas que piden los jueces “cumpliendo los protocolos de cadena de custodia y procedimientos”, que la cadena termina cuando los audios son entregados a las partes, que “repudia enérgicamente cualquier difusión pública que se haga de cualquier contenido” y que está “a disposición para dar cuenta de sus actos”. El texto no tiene firma, sólo membrete.

En el mundillo de tribunales ayer parecía que crujían todas las estructuras y pactos establecidos, en especial en Comodoro Py y el puente que la une a la Corte. La acordada sobre las escuchas dejó expuesto a Irurzun, en quien Lorenzetti ha tenido un sostén importante, mientras que horas antes había ordenado investigar cómo se integró la Sala I de la Cámara Federal que liberó a Cristóbal López y cambió los delitos en juego (ver aparte) con las firmas de Jorge Ballestero y Eduardo Farah. La pregunta era si éste último fue sorteado para participar en el fallo para desempatar. En algunos despachos de la Corte vislumbran un cambio de dinámica interna entre los supremos y ven en estos temas la marca de otros miembros del tribunal que desplazan el poder de decisión de Lorenzetti –cuya disputa esencial es con Horacio Rosatti– y que preferirían evitar terminar enlodados.

De todos modos, en cuanto a las escuchas, la Corte dice “yo no fui” (pero “audítenme”), la Dirección de escuchas dice “yo no fui” y lo mismo han dicho los jueces que tuvieron a cargo investigaciones donde se pincharon los teléfonos de Parrilli, lo que permitió escuchar a la ex presidenta durante casi todo el año 2016. Una era una causa a cargo de Lijo, donde se investigó si Parrilli, ex titular de la AFI, había dado protección al narco Ibar Pérez Corradi. La otra no era una causa, sino una “pre-causa” , un artilugio que suele usar la agencia de inteligencia para salir de pesca de algún delito sin que exista una causa penal en trámite. Estuvo a cargo de María Servini de Cubría, que pinchó el teléfono de Parrilli durante cuatro meses a pedido de su sucesor, Arribas, que quería saber si se habían llevado documentos de la central de espías. Servini no encontró nada y mandó a destruir las escuchas. Pero se ve que en algún lugar quedaron. Inmediatamente después fue que Lijo ordenó sus escuchas, que fueron incluso realizadas “on-line”, por un agente de la AFI que escuchaba todo el día en directo. Nada sirvió como prueba en esa causa, donde Parrilli terminó desvinculado. Hasta ahora la investigación del juez Canicoba Corral, según informaron allegados a la causa, consistió en verificar la cadena de custodia. ¿Cómo? De la manera más insólita: preguntándoles a los responsables. Como es obvio, Lijo, Servini y la propia Corte dicen que todo estuvo muy custodiado. No hay pistas sobre la fuente de la filtración que llenó de material de conversaciones privadas a los medios aliados del macrismo. Tampoco está clara la responsabilidad de la AFI. La causa de Canicoba tiene otra arista agregada que es la investigación sobre la designación de Irurzun en la dirección de escuchas, que según el alto tribunal fue designado por sorteo, aunque no hay constancias de que se haya hecho y su nombre ya salía en los diarios tres días antes.

Las dudas sobre el manejo de esta dependencia estratégica se incrementaron con el correr del tiempo. Además, la reproducción de las escuchas en cuestión sigue hasta el día de hoy. Son cientos de horas de comunicaciones privadas, entre las que alguien evidentemente se ocupó de seleccionar tramos que pueden incomodar a sus protagonistas. En los últimos días, y en particular anteayer, en la Cámara de Diputados quedó a la vista la sorprendente sintonía que este tema produce entre oficialismo y oposición. A cualquiera le puede tocar el espionaje político. El hecho es que el FpV, el FR y Cambiemos, habían llegado a consensuar un texto que planteaba requerir a la Corte Suprema que “informe en el marco de qué actuaciones judiciales, identificando en qué tribunal se encuentran radicadas, se han interceptado las comunicaciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli (….) asimismo se solicita que informe si ha determinado como fue que esas escuchas tomaron estado público y qué medidas ha tomado para asegurar el adecuado resguardo de este tipo de elementos de prueba”. La sesión por el DNU de desburocratización complicó la votación, pero lo que sí se llegó a admitir fue dejar establecido para dentro de 15 días la votación de la convocatoria a dar explicaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales –impulsada por Moreau– a Lorenzetti, Arribas, Irurzun y Lijo.

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FuentePágina/12
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