Causa Caballero II: la fiscalía leerá el viernes su alegato final

El Ministerio Público fiscal presentará la acusación formal a los imputados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura. Será este viernes 23 desde las 9 en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, frente a la plaza central, en el marco de una jornada cultural convocada para exigir la condena a genocidas, en la víspera del 42 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Los represores Marín y Borda, en uno de los intervalos del juicio. Foto: Comisión Provincial por la Memoria

Este viernes 23 de marzo culminará la acusación formal a los ex policías y militares imputados en la causa que investiga la comisión de torturas, desapariciones forzadas, privación ilegítima de libertad, y violación, con la presentación del alegato Fiscal. Será una jornada especial, por tratarse la proximidad inmediata con un nuevo aniversario del inicio del terrorismo de Estado en Argentina, el próximo sábado 24. Por ello, los organismos de DDHH que integran la Comisión Provincial por la Memoria y organizaciones sociales y políticas convocaron a la comunidad a participar de actividades culturales que tendrán lugar en la vereda e inmediaciones a la sede del tribunal, en Hipólito Irigoyen 33, frente a la plaza 25 de Mayo, para acompañar la presentación de la acusación de los fiscales federales.

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Desde su inicio el 16 de junio de 2016, en la causa declararon varios sobrevivientes y en sendas oportunidades los mismos imputados ejercieron su derecho a la ampliación indagatoria ante el tribunal, con la negación absoluta de las incriminaciones que pesan en su contra.La última jornada del juicio tuvo lugar el 22 de febrero pasado, oportunidad en la que el equipo querellante de la Secretaría de DDHH de la provincia presentó la calificación legal de los hechos y acusaciones a los 12 imputados con un pedido de penas de prisión perpetua para  8 de los represores; Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta Albino Luis Borda, José Tadeo Luis Bettolli,  todos ellos con un promedio de entre 6 y 8 hechos imputados.  Además, se solicitó la pena de 25 años para Jorge Ibarra (dos hechos) y 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi (por un hecho). En todos los casos se imputó por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real,  tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en concurso real,  desaparición forzada agravada por resultado de muerte y por el delito de violación.

Tanto la querella como la fiscalía consideran por acreditados los hechos y la existencia de un Centro Clandestino de Detención en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física.

Esta causa se caracteriza por ser tres cuestiones; es el primer juicio en la temática en el cual se investiga desaparición forzada en la ex Brigada, se imputa por privación ilegítima de la libertad y en el que se considera a la violencia sexual como delito autónomo. El delito de privación ilegítima de la libertad, que el primer juicio no trató, comprende delitos que no se incluyeron en el primer juicio como la falta de una orden de detención, ausencia de abogados defensores y falta de información a las familias de las personas detenidas.

 

VIOLENCIA SEXUAL

Otra cuestión importante es la referida a la violencia sexual. Si bien en Caballero I esto surgió también de los testimonios de sobrevivientes, en esta instancia son dos los casos que se están juzgando, pero se trata de hechos que permitieron reconstruir una sistematicidad en la cual así como se aplicaba la picana para obtener información había un método de violencia sexual, abusos, violaciones, desnudez; toda una carga de amenazas de contenido sexual y degradación.

En los debates en el juicio los y las sobrevivientes relataron que la gran mayoría de las detenidas fueron sometidas sistemáticamente a vejámenes de índole sexual “sin límites de ningún tipo y fuera de los patrones de lo que uno entiende como comportamiento humano” tal y como manifestó una ex detenida. Asimismo, la abogada Susana Chiarotti y la Lic .María Cristina Zurutuza, fueron convocadas a los debates y desarrollaron la especificidad de los crímenes de índole sexual en el marco del terrorismo de Estado.

Según declararon, la violencia sexual arrasa de un modo profundo las subjetividades, dejando un marca permanente, que sólo puede ser reparada en parte, por la Justicia; y por otro, se trata de los únicos delitos en lo que la vergüenza recae sobre la víctima, antes que sobre el propio victimario, y de ahí la dificultad en su denuncia y juzgamiento. “Se entiende por violencia sexual todo acto de naturaleza sexual sobre el cuerpo de una persona sin su consentimiento, por cualquier método, se trata de una invasión física” señaló Zurutuza, licenciada en Psicología de la UBA. Según explicó, el término incluye la violación pero también la desnudez forzada, el manoseo, impedir la higiene a mujeres mientras estaban menstruando, y mutilaciones varias, como la esterilización forzada con picana en genitales. “Ahora no vas a poder tener más hijos” era una violencia muy común en estos hechos. Además reveló que “la violencia sexual a los hombres era para humillarlos y buscar su quebranto, en cambio cuando se cometía contra mujeres además tenía como objetivo “ponerlas en su lugar”, un doble castigo hacia las mujeres, por no haber obedecido el mandato patriarcal y meterse en la política y la militancia” sostuvo. Chiarotti y Zurutuza, son autoras del libro “Grietas en el silencio”, sobre la temática de violencia sexual en el marco del genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar, con un vasto trabajo con víctimas en varios procesos judiciales.

Desapariciones

Por otra parte, en este proceso se afronta el juzgamiento de las desapariciones forzadas de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, se trata de seis casos,  de los cuales dos llegaron a juicio; el matrimonio de Pedro Morel y Sara Fulbia Ayala.

Así como existió una Masacre de Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976, una suerte de “solución final” para militantes de Montoneros y otras vertientes del peronismo, en el mismo sentido en 1977 hubo una decisión de eliminar y desaparecer a militantes del PRT, con un cambio de criterio en el procedimiento. Ya no un simulacro de fuga como pantalla para los asesinatos durante un supuesto traslado como en la Masacre, luego de las dudas que había sembrado el operativo. Por ello ante la imposibilidad repetir fusilamientos clandestinos se optó por la ejecución por parejas; esa fue la suerte del matrimonio Morel, y al matrimonio Lauroni por ejemplo.

En ese sentido una hipótesis de peso es que los cadáveres hayan sido arrojados al río Paraná, a raíz de la identificación en 2015 de Julio “Bocha” Pereyra y Rómulo Artieda en un cementerio  de Empedrado. Pereyra fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén y desaparecido. Rómulo Artieda, era un militante del PRT que estuvo confinado en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, cuya desaparición es contemporánea al del matrimonio Morel. Sus cadáveres fueron recogidos de las aguas del Paraná en 1976 y 1977 y enterrados como nn por lugareños. 

Tanto Artieda como los Morel pasaron por un circuito; Artieda  lo traen a Corrientes, Posadas, luego vuelve a Corrientes y los Morel van de Buenos Aires a Corrientes, luego a Goya, luego Formosa, y destino final la Brigada de Investgaciones de Resistnecia. En ambos casos hay situaciones que permiten reconstruir las desapariciones, en el caso de Artieda, fue visto por sobrevivientes  barriendo sin vendas  en el centro de detención, y llevando la comida a otros detenidos. Eso implicaba básicamente una condena de muerte, porque a ninguna persona se le permitía tener ese grado de conocimiento. Con los Morel Ayala pasa exactamente lo mismo, hay tres testigos que cuentan que les dijeron que su vida estaba en riesgo y con pocas posibilidades de vivir.

En el caso de los Morel sobrevivientes que compartieron cautiverio con la pareja relataron la realización de una suerte de “cónclave” en la Brigada a mediados de 1977,  con la presencia de Manader, Patetta, Bettolli, Rodríguez Valiente y otros jefes. En esa reunión se les comunicó a Morel y Ayala que “ya habían perdido importancia para el Ejército Argentino” a modo de anuncio del desenlace fatal de su detención. Luego el matrimonio fue ubicado en una celda, juntos durante tres días a modo de despedida antes de su ejecución.

 

Caballero II 

Este es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en el Chaco, continuidad de la causa “Caballero Lucio Humberto y otros s/ tormento agravado” que comenzó el 5 de mayo de 2010 y culminó el 13 de diciembre de ese año, siendo el primer fallo por una causa de crímenes de lesa humanidad en la provincia. El fallecido- condenado en 2010-  Lucio Humberto Caballero fue uno de los represores de más alto rango en la Brigada de Investigaciones, y en razón de encabezar la nómina de imputados, los procesos por torturas en el citado centro clandestino de detención heredaron su nombre, si bien lo más correcto sería catalogarlos como la causa Brigada.

El tribunal está integrado por los jueces Eduardo Belforte (presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia). Los dos primeros participaron en el Juicio Causa Masacre de Margarita Belén I. Por parte del Ministerio Público Fiscal, la acusación es promovida por Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini. La querellas las ejercen, en representación de la Secretaría de DD HH de la Nación el abogado Manuel Brest y por la Secretaría de DD HH de Provincia, Dra. Silvina Canteros y el Dr. Paulo Pereyra. Juan Manuel Costilla ejerce la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pelozo, defendido por Néstor Cáceres. A los imputados santiagueños Antonio Musa Azar y Miguel Garbi los representa Matías Elías Azar, hijo del primero.

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