Corrupción en la UNCAus: procesan al rector Judis y al resto de la conducción por diversas irregularidades

Lo dispuso el juez federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, Aldo Alurralde. Al rector de la casa de altos estudios se lo acusa por presuntas negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y cohecho. La medida también alcanza a su hijo Enzo Judis, al vicerrector y al titular de la empresa Tridelta, entre otros.

Omar Judis y Enzo Judis, dos de los principales imputados

La Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña dictó el auto de procesamiento de los miembros de la cúpula de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) por una serie de delitos enmarcados en irregularidades en la administración de la causa de altos estudios. Además, se les prohibió la salida del país.

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La causa se inició a partir de una denuncia de la ex diputada provincial por Cambiemos, Ana María Canata, y una investigación llevada adelante por el fiscal federal coordinador del distrito Chaco, Federico Carniel, en conjunto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Tras la ronda de indagatorias tomadas en diciembre de 2017, el juez Alurralde tenía en sus manos la decisión de avanzar con el procesamiento o dictar la falta de mérito de los imputados.

En una resolución fechada el 15 de marzo pasado, el magistrado federal procesó sin prisión preventiva al rector de la UNCAus, Omar Vicente Judis, por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” (en 17 hechos); abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada (en 6 hechos), peculado (en 59 hechos) y cohecho (en 3 hechos), todos en concurso real.

Según pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, el procesamiento también incluye al hijo del rector y presidente de la Fundación UNCAus, Enzo Judis; al vicerrector, Walter López; a Luis Esteban Pugacz, todos de la conducción de la universidad, por los mismos delitos que los atribuidos al rector Judis, aunque en carácter de coautores. La medida judicial también alcanza al empresario titular de la empresa Tridelta SRL, Juan Carlos Tymkiw, por los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública” (en 5 hechos), y por “cohecho activo” (en 2 hechos), todos en concurso real.

La hipótesis de los investigadores 

En base a la investigación y a las pruebas recolectadas, la Fiscalía entendieron que “desde el año 2010 a junio de 2016, Omar Vicente Judis junto a familiares y amigos idearon, organizaron y pusieron en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAus) destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron, aprovechándose de los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y en relación a la gran cantidad de fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondían”.

La Fiscalía, junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación, sostuvieron que “con estas maniobras y actos administrativos disfrazados bajo la apariencia de legales, se habilitó una estructura jerárquica administrativa y financiera en la UNCAus a través de la cual los integrantes de esta organización pudieron desarrollar su actividad en procura de los beneficios que se detallan en el pedido de Indagatoria y que para la consumación de estos hechos investigados consideran que fue necesaria la participación de todos y cada uno de los encartados –sin descartar la posibilidad de otros imputados­ en función de sus roles y funciones en la Universidad Nacional del Chaco Austral”.

Comunicación al Congreso de la Nación

Teniendo en cuenta que los procesados aún se encuentran al mando de la gestión de la UNCAus, el magistrado federal decidió comunicar sobre la resolución al Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación y al Ministerio de Educación de la Nación para que evalúen las medidas a adoptar en orden a las leyes 24.156 y 24.521.

 

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