UPCP en estado de alerta y anuncia paro y movilización el 22 y 23 de marzo

“Nos declaramos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización a partir del sábado 17. Y el jueves 22 de marzo marchamos hacia Casa de Gobierno en el marco de un paro general que se extenderá hasta el viernes 23 de marzo de 2018”, adelantó el secretario general José Niz.

UPCP anunció medidas de fuerza.

Con el título “Quienes mienten y quienes dicen la verdad”, UPCP emitió un comunicado donde expresa:

Advertisement

“Exigimos que el gobernador nos convoque, porque  ya se llevaron mucha plata y ahora deben regularizar las deudas que tienen con todos los sectores. La fiesta terminó”,  aseveran desde la entidad gremial estatal provincial.

UPCP señaló que  según el artículo 141 de la Constitución Provincial, el gobernador es jefe de la administración y debe responder frente a la ciudadanía que lo votó, por el gabinete que eligió.

“No sólo hay que investigar los delitos y  que se apliquen las penas que correspondan, además  tienen que devolver al pueblo lo que le robaron.
Para que estos actos se ejecuten, hay sospechas de un respaldo y un permiso de las autoridades y es la Justicia quien deberá desentrañar los entramados que se tejieron para que la corruptela se instalara a nivel institucional.
El gobernador antes estas acusaciones,  tienen el deber constitucional de vindicarse….el pueblo está esperando”, expresaron.

Rechazo de la oferta salarial
“Rechazamos el 10% en cuotas y exigimos que inmediatamente  se pague todo lo que se adeuda a  los trabajadores, bonificaciones, refrigerio, aumento de las asignaciones familiares,  cumplimiento de los pases a planta derogación del memorando 27/17, y pauta salarial 2018 con clausula de actualización por el índice de inflación”.

“Entre la inflación y la corrupción, la transparencia en el Chaco no existe. Tenemos organismos de control interno y externo, pero nadie vio nada. Las declaraciones juradas de los funcionarios están en el portal del gobierno de la provincia del Chaco, pero nadie vio nada. Oficinas remodeladas y un pueblo postergado y nadie vio nada. Ropa costosa, vida de ricos, en una provincia empobrecida, y nadie vio nada. Hospitales desmantelados sin medicamentos, con aparatología obsoleta, sin hilo para sutura, sin camas suficientes, sin recurso humano de limpieza, los hospitales construidos se caen a pedazos y las escuelas tienen raciones asignadas de menos de diez pesos y estamos terceros en el ranking de transferencias nacionales, y nadie vio nada. No pagan a los proveedores pero se transfieren millones a Fiduciaria del Norte S.A. y nadie vio nada. Miles de expedientes y actuaciones paralizadas en la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente del detenido exsecretario de Gobierno y Coordinación Rey, y nadie vio nada”.

“Llegaron los fondos para el acueducto, ¿y el acueducto donde está?. Llegaron los fondos para las Cooperativas para construir viviendas, ¿y las viviendas donde están? Dicen que compraron ambulancias, ¿y las ambulancias dónde están? Firmaron el Pacto Fiscal para que les transfieran fondos para sanear el déficit del INSSSEP, ¿y los fondos dónde están?”, se preguntaron

“Descuentan los haberes por días de paro,  y mientras… Los señores que guardan en su bolsillo el dinero del pueblo y de los trabajadores renuncian y encima los felicitan.
Es vergonzoso ver como quienes deberían administrar seriamente la provincia nos estafan a todos y abusan de la confianza que hemos depositado en ellos. Golpeamos todas las puertas y parece que una al fin se abrió”, sostuvieron.

“En este escenario: ¿se puede dormir tranquilo? ¿Es posible que el gobernador no supiera nada? Cuando es el responsable del Gabinete según la Ley de Ministerios, las oficinas estaban comunicadas por una puerta, viajaban juntos, y hacen gala de una amistad de muchos años?. Es casi incomprensible, porque estos delitos solamente se pueden concretar con una complicidad institucional, y es esto lo que investiga la justicia”.

Exigimos una urgente convocatoria
“Hoy urge más que nunca la convocatoria por parte del gobernador de la Provincia, Oscar Domingo Peppo, para hablar cara a cara, sobre cómo los funcionarios puestos por él fueron los hábiles ejecutores para no pagar lo que corresponde a los trabajadores. Una gestión, en que el primer acto  fue suspender todos los Decretos dictados por Jorge Milton Capitanich y someterlos a revisión  por parte de una Comisión que nunca emitió un informe; pero que sí sirvió para que más del 50% de los trabajadores no percibiera en tiempo y forma  las bonificaciones que le corresponden por la tarea que realizan y habilitó que los fondos de los trabajadores, fueran de modo directo y sin escala a los bolsillos de sus funcionarios o hicieran una escala en la Fiduciaria del Norte S.A., a la que diariamente se transfiere – aún hoy – el presupuesto provincial bajo la forma de Fideicomisos”.-

Oficina Anticorrupción una pantalla nada más
En ese sentido, el Secretario General de UPCP, Lic. José Niz, afirmó que  “hay funcionarios que se creen intocables  pero ha quedado demostrado que les tocará rendir cuentas tras las rejas respecto de los ilícitos cometidos que afectan al patrimonio del Estado Provincial, a los ciudadanos y a los trabajadores”.

Rechazó Niz, la creación de una supuesta oficina anticorrupción conformada por catedráticos, profesionales y extrapartidarios y afirmó: “Acá los organismos están creados, pero otra cosa es que funcionen. Porque hace mucho que el gobierno lo único que hace es controlar al trabajador mientras el funcionario  ni siquiera cumple la normativa vigente, y cuando el trabajador se opone a actos irregulares, se lo desplaza, desfuncionaliza y se lo tilda de conflictivo”.

Por eso remarcó que, para hablar de transparencia los funcionarios deben dar el ejemplo”.
“Consideramos que a partir de las investigaciones realizadas por la Justicia Federal y la Justicia Provincial, el gobernador de la Provincia debe suspender el dictado de decretos y la ejecución de los ya firmados que ordenan transferencias  de fondos a la Fiduciaria del Norte S.A. hasta tanto se eluciden los delitos de lavado activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes del funcionario público”, remarcó el dirigente sindical.

Un silencio cómplice
Por otra parte, el documento gremial subraya que los recientes hechos que salieron a la luz, en estos últimos días, “han mostrado las estrategias espurias que se  tejen en las altas esferas del poder, a las que obviamente los trabajadores no llegamos”.

“Cansados de denunciar desde el año 2009, las tercerizaciones, los desmantelamientos y vaciamientos de áreas estratégicas del Gobierno, transferencias de fondos a la Fiduciaria del Norte S.A. como mecanismo para saltar el control de los organismos constitucionales, hoy somos testigos que, todas las acusaciones dirigidas hacia los trabajadores de la administración pública provincial, no son más que  una manera de tapar negocios que  desvían los fondos públicos hacia los bolsillos privados”.

“El Gobierno tiene con los empleados públicos una deuda por bonificaciones por título, antigüedad devolución de concepto 205 y 233, bonificación por riesgo de salud y/o trabajo insalubre, bonificación auxiliares de enfermería, bonificación establecimientos sanitarios y subrogancias. Todo lo que reclamamos cuenta con instrumentos legales que acreditan nuestro derecho y a pesar de que no pagan, los trabajadores prestan servicio efectivo fuera de la jornada horaria y sostienen los servicios esenciales, mientras los funcionarios son acusados de malversación de fondos, lavado de activos y asociación ilícita”.

“Así como la justicia está investigando las irregularidades de algunos miembros del Gabinete provincial, deberían de modo inmediato compeler al Ejecutivo a que se dejen sin efecto el Decreto 58/16 y el Memorando 27/17 suscripto por el renunciante y detenido secretario de Gobierno y Coordinación, Horacio Rey; que se cree con facultades de reformar la Constitución Provincial y la Ley 23551 por un Memo. Estos funcionarios nos robaron la camiseta, se llevaron todo y a nosotros sólo nos quedan las deudas”.

“Exigimos que de modo urgente paguen todo lo que deben, implemente políticas de Estado para jerarquizar al trabajador de la administración pública, concursos, pases a planta para terminar con el trabajo en negro en el gobierno y generar acciones inclusivas  que promuevan el acceso y la participación de todos los sectores”, finaliza el escrito.

Advertisement
Compartir