Investigación por corrupción: los cuatro exfuncionarios detenidos serán indagados este lunes

El exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey, el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, la exsecretaria privada del Gobernador, Susana Fernández, el excoordinador de la Unidad Ejecutora Chaco Construye, Ismael Fernández, prestarán declaración indagatoria el próximo lunes ante la justicia provincial en la causa en que se los investiga por supuestos hechos de corrupción.

Horacio Rey, Susana Fernández, Ismael Fernández y Roberto Lugo involucrados en una causa por violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Tras las detenciones de los cuatro exfuncionarios de la administración de Domingo Peppo concretadas este viernes, el equipo de fiscales provinciales estableció que los mismos prestarán declaración indagatoria el próximo lunes. Así lo confirmaron en la conferencia de prensa brindada este viernes por la tarde, donde estuvieron acompañados por el procurador general y el procurador general adjunto, Jorge Canteros y Miguel Fonteina, respectivamente.

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Según reveló el equipo de fiscales, comandando por la fiscal de Cámara, Graciela Griffith Barreto, y secundada por sus pares Lucio Otero y Nélida Villalba, las cuatro personas detenidas y alojadas en distintas dependencias policiales, se encuentran sospechadas de haber cometido los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, a los que se le podría agregar, como agravante, el de “asociación ilícita”.

El delito de malversación por desvío de fondos prevé penas entre un mes y tres años, el de tráfico de influencias entre 1 y 6 años y en caso de una condena por asociación ilícita agravada las penas van de 5 a 20 años, con lo cual de comprobarse todos los delitos investigados se podría llegar a una condena de 30 años.

Delitos precedentes

Cabe recordar que la justicia provincial se abocó a esta investigación luego de que la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, pusiera la lupa en los por entonces funcionarios provinciales por los supuestos delitos de lavado de activos y evasión fiscal, ambos de jurisdicción federal. No obstante, para que esas imputaciones puedan avanzar es necesario determinar el origen de esos fondos, es decir, cuáles fueron los delitos “precedentes” que derivaron en los de carácter federal. Allí es dónde comienza a tallar la justicia provincial que ya cuenta con fuertes elementos para conjeturar que esos fondos serían fruto de una supuesta malversación de caudales públicos, es decir, por presuntos hechos de corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones dentro de la administración pública, es por eso que se ordenó la detención de los investigados.

 

 

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