Aborto: “El Estado tiene que garantizar el derecho a interrumpir el embarazo”

Julia Martino, integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y explicó a RADIO CIUDAD los alcances del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se presenta, una vez más, este martes en el Congreso Nacional.

Martino explicó que desde la Campaña están de acuerdo con que el proyecto de ley -que hoy será presentado por séptima vez- sea debatido por las comisiones del Congreso Nacional tras la falta de apoyo para una sesión especial el próximo jueves 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres.

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“Están planteando convocar a las distintas posturas para que puedan expresarse; nos parece correcto, hace muchos años que venimos pidiendo el inicio del debate así que vamos a apoyar lo que resuelvan”, sostuvo la militante feminista en diálogo con el programa Avenida Refugio, de RADIO CIUDAD.

Con respecto al contenido del proyecto, explicó que “es el mismo que se presentó hace dos años, en 2016. En ese momento sí lo habíamos modificado respecto a los anteriores pero no en lo básico y elemental: lo que hicimos fue, básicamente, una adecuación al Código Civil. El proyecto lo veníamos presentando desde 2007 y entremedio se aprobaron leyes importantes que las queríamos incorporar, una era adecuar las edades al Código Civil e incorporar en los aspectos de salud que se tenga en cuenta la ley de derechos del paciente”.

Martino aclaró que “el Código Civil actual es igual al anterior, que dice que hay persona desde la concepción, que puede adquirir algunos derechos que se efectivizarán si nace con vida; han convivido ambos Códigos junto con el Penal, que tiene los casos de abortos legales que son cuando hay peligro para la vida y la salud o cuando el embarazo es producto de una violación, que siempre convivieron y no hubo problema”.

Despenalizar o legalizar

Con respecto a la terminología, la militante feminista recalcó que “despenalizar es despenalizar a la mujer que aborta y a el o la profesional que realiza la práctica dentro de las 14 semanas”. Y precisó que “nosotras decimos que además es un derecho y que el Estado, a través de sus efectores sanitarios, tiene que garantizar el derecho a interrumpir el embarazo”.

“Creemos que el aborto está enmarcado dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las personas de decidir cómo conformar la familia, cuántos hijos tener, si tenerlos o no, con quién, y que tenemos derecho a hacer esta elección de vida sin coerciones ni violencias”, sostuvo Martino. Y agregó: “así como el Estado debe garantizar a una mujer que quiere tener un hijo, el seguimiento de ese embarazo y la práctica del parto, así nos tiene que garantizar a las que no queremos tener un hijo la interrupción del embarazo dentro de las 14 semanas”.

En otro orden de cosas, advirtió que “si legalizáramos solamente, no estaríamos resolviendo el problema de salud que significa la ilegalidad del aborto, que produce 500 mil abortos al año, entre 50 y 60 mil internaciones en hospitales públicos por aborto inseguro y alrededor de 50 muertes maternas”. Y abundó: “si no garantizamos la asistencia en la salud y sólo legalizamos y que cada mujer se arregle como pueda, no estaríamos cambiando en nada esta realidad de la salud”.

 

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