Cristaldo pidió informes a la Procuración por denuncias de abuso sexual infantil

A través de los proyectos de Resolución N° 34, 35 y 36, del corriente año, la Diputada Provincial Gladis Cristaldo, solicita al Procurador General de la Provincia del Chaco, que a través de la Fiscalía Penal interviniente, informe en conexión con los tres expedientes relacionados a denuncias de abuso sexual, radicadas en la Fiscalía de Investigación Nº 9, con sede en la ciudad de Resistencia.

Gladis Cristaldo, diputada provincial por el Frente Chaco Merece Más

La diputada señala que el pedido se fundamenta, “en la necesidad de saber, tanto las víctimas, como sus familiares y organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática del Abuso Sexual en la Infancia (ASI), si tuvo lugar el inicio de la investigación de los hechos denunciados oportunamente, cuál sería la imputación correspondiente y en qué estado se encuentran las actuaciones; y las articulación con áreas del Poder Ejecutivo, si las hubiere, con el fin de contener, modificar contextos adversos, y prevenir futuros hechos similares; solicitando asimismo, la remisión de los informes o copia de las actuaciones realizadas que no se encuentren reservadas”.

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“Cabe aclarar – apunta Cristaldo- que estas denuncias pudieron ser realizadas por las víctimas, en virtud de que el 28 de octubre del año 2015 fue sancionada la Ley Nº 27.206, y promulgada el 9 de noviembre del mismo año”. Y destaca en ese sentido que dicha norma, autoría de la Senadora Nacional Sigrid Kunath, “introdujo sustanciales reformas en el sistema penal, y fue presentada a raíz del caso de Justo José Ilarraz, que conmovió a la sociedad entrerriana y que el pasado 13 de noviembre de 2017 se elevó a juicio oral”.

“Esta ley -detalla- actualmente es considerada como ejemplo en otros países de la región, recoge todas aquellas elaboraciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales de los últimos tiempos, y las normas internacionales en materia de Derechos Humanos a las cuales Argentina ha adherido, como la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (1989) que reconoce el ejercicio de derechos como el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y fundamentalmente dando prioridad al interés superior del niño como principio rector y fundamental”.

La legisladora remarca que “el dolor que padece una víctima de abuso sexual en la infancia es imprescriptible y la denuncia presentada ante el sistema jurídico implica un acto donde enuncia una verdad, y demanda una respuesta. Si a la función jurídica le compete amparar, defender, proteger, como instancia de ley demarcadora de un orden, deberá estar a la altura de las circunstancias y poner todos sus esfuerzos en realizar la investigación correspondiente, sostuvo la legisladora entre los fundamentos de los proyectos”.

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