Nuevo revés judicial para Aída en una demanda contra Mauro Flores

El exsubsecretario de Gobierno acusó a la por entonces intendenta de Resistencia de “albergar armas y violentos” en el camping municipal, en el marco de una jornada de protesta contra la política represiva de Juan Carlos Bacileff Ivanoff en junio de 2014. Para la justicia, no se pudo demostrar que Flores era consciente de la falsedad de sus afirmaciones.

Aída Ayala versus Mauro Flores

El 4 de junio de 2014, organizaciones indígenas del interior provincial (la Federación Nacional Campesina y la CCC) realizaron un encuentro en el Parque 2 de Febrero de la ciudad de Resistencia y luego se movilizaron a las inmediaciones de Casa de Gobierno para expresar su rechazo a la política represiva del gobernador interino Juan Carlos Bacileff Ivanoff. En ese contexto, se produjeron incidentes que desataron una feroz represión policial que persiguió por toda la zona céntrica a los manifestantes aunque la versión oficial lo definió como una “agresión” por parte de las organizaciones campesinas.

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El subsecretario de Gobierno, Mauro Flores, ofició, por aquel entonces, como vocero del gobierno provincial que leyó en esa manifestación “una clara intención destituyente”. En declaraciones a distintas emisoras apuntó contra la por entonces intendenta Aída Ayala por “haber dado cobijo” a las organizaciones sociales en el predio municipal del Parque 2 de Febrero y hasta llegó a denunciarla ante la justicia federal por el delito de supuesta “sedición”, acusación que fue desestimada a las pocas horas.

Por los dichos de Flores, la jefa comunal de Resistencia presentó una demanda por daños y perjuicios en el fuero civil que fue rechazada en primera instancia y ahora es confirmada por la Alzada, luego de ser analizada en el marco de lo que se conoce como doctrina de la “real malicia” y al no poder comprobar que Flores era consciente de la falsedad de sus afirmaciones cuando profirió tales acusaciones.

La sentencia, que difunde como adelanto CHACO DIA POR DIA.COM, fue dictada el jueves 15 de febrero, y lleva las firmas de los camaristas Antonio Carlos Mondino y Diego Derewicki (en lugar de su par María Teresa Varela –recusada por la defensa de Flores-), de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia.

“Luego de examinar minuciosamente las constancias de la causa y las pruebas aportadas a la misma, en función de las exigencias probatorias que tal doctrina –de la “real malicia”- establece, advierto que la parte actora no ha logrado demostrar que el demandado haya tenido conciencia de la falsedad de sus dichos, o que haya obrado con manifiesto desinterés al respecto”, señala Mondino, juez del primer voto, entre sus fundamentos. Agrega, además, que las demás pruebas reunidas en la causa tampoco “permiten verificar la veracidad o falsedad de sus dichos”.

Abunda Mondino en que “a través de las pruebas mencionadas se advierte que el accionado bien pudo haber estado convencido de las afirmaciones vertidas a través de los medios periodísticos, considerando asimismo que formuló denuncia penal contra la actora ante la Fiscalía Federal de Resistencia”.

Hechos y opiniones  

En otro tramo de sus fundamentos, el camarista puntualiza que “las expresiones vertidas por el Sr. Flores no sólo se refieren a hechos o actos concretos (información), sino también incorporan juicios de valor u opiniones personales respecto de la Sra. Aída Ayala (por ejemplo que la actora era admiradora de gobiernos militares o grupos violentos) que se hallan exentas de la comprobación de falsedad o no de las mismas”. En ese sentido, refiere al fallo de la CIDH en el caso Kimel donde se diferencia a los hechos de las opiniones o juicios de valor “que no pueden ser consideradas verdaderas ni falsas” y que por lo tanto “la opinión no puede ser objeto de sanción”.

“Discusión política institucional” 

Por su parte, el camarista Derewicki sostiene, citando fallos de la Corte Suprema, que “las declaraciones formuladas si bien acusatorias de una complicidad en hechos de violencia y disturbios de importancia en la vía pública, deben enmarcarse en un contexto de discusión política institucional de relevante interés general. Por tal razón, sabido es que con relación a la libertad de expresión, las críticas al ejercicio de la función pública no pueden ser sancionadas aun cuando estén concebidas en términos causídicos, vehementes, hirientes, excesivamente duros o irritantes”. Y agrega que “dicho razonamiento responde al prioritario valor constitucional que busca resguardar el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran a personalidades públicas o materias de interés público, como garantía esencial del sistema republicano”.

“La crítica dentro de un debate público constituye un eficaz instrumento de valoración de los asuntos de interés general, especialmente cuando ella se canaliza a través de los órganos masivos de comunicación”, destaca el camarista. Y recalca que “se ha afirmado con tino que la protección del honor de los funcionarios públicos tropieza con la necesidad de preservar ese derecho a la crítica, inherente a toda sociedad democrática”.

Además, Derewicki pondera que “la accionante –Aída Ayala- tuvo acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones, tal como lo observa en la demanda, por lo que la protección de su honor amerita sea disminuido en el supuesto de marras pese a las aseveraciones contra su persona no demostradas”.

Declaraciones de Flores a Radio Libertad que motivaron la demanda de Ayala (Gentileza: 24siete)

 

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