Sospechan que 34 cóndores murieron envenenados en el sudoeste mendocino

La escena conmocionó: un grupo de 34 cóndores, un puma, dos ovejas, un cordero y una cabra aparecieron muertos en la localidad mendocina de Los Molles, en el departamento de Malargüe, a unos 350 kilómetros de la capital de Mendoza.

Los cuerpos de los animales estaban amontonados y parcialmente quemados, y por su ubicación se sospecha que se trataría de un caso de envenenamiento, muy posiblemente con un fuerte pesticida que los pobladores de la zona usan para erradicar especies carroñeras. Ayer, por el hecho, detuvieron a un hombre de 62 años.

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Según explicó Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Secretaría de Ambiente de Mendoza, “los ganaderos de la zona necesitan grandes extensiones de terreno para criar el ganado, y animales como el zorro gris o el puma suelen atacar a las crías de ovejas. Es por eso que, a veces, envenenan el cuerpo de un animal muerto. para eliminar esta amenaza. Esta es nuestra principal hipótesis sobre lo que pasó”.

Algunos puesteros o productores ganaderos suelen rociar, por ejemplo, el cadáver de un chivo o un pedazo de carne con algún agroquímico para combatir al puma o zorro, pero hay un efecto secundario: las aves carroñeras, como el cóndor, son las primeras en tomar contacto con estos cuerpos, y lo hacen en grupo.

“Es un daño colateral de las malas prácticas agropecuarias: cóndores envenenados. Hay que transmitir la importancia de la convivencia de las faunas; además, ejercer controles estrictos y crear una mayor conciencia de las buenas prácticas, porque si no van a encontrar otro veneno y todo seguirá igual”, agregó García Espil.

Para Roberto Ríos, presidente de la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de la localidad mendocina de San Rafael, este tipo de prácticas no es habitual en los productores. E hizo una advertencia: “Es un ciclo: si en el campo hay vizcachas o liebres, el puma no sale a matar terneros. Por eso es importante que los ganaderos no permitan la caza en sus campos. Si el cazador elimina las liebres, entonces el puma no tiene otra opción que cazar ovejas y terneros”.

Por las muertes se radicó una denuncia penal en la fiscalía de instrucción de Malargüe, a cargo de Javier Giaroli. Según informó el funcionario, en dos allanamientos que se ordenaron ayer, detuvieron a un hombre de 62 años. Otro sospechoso tiene pedido de de captura. Ambos enfrentan una pena máxima de cuatro años de prisión efectiva.

En el Ministerio de Ambiente de la Nación empezaron a trabajar con las autoridades agropecuarias para generar campañas de concientización sobre la importancia de las buenas prácticas en el manejo de sustancias tóxicas. Además impulsan una normativa de trazabilidad en toda la cadena de comercialización de los productos. “Estamos con fases de prueba para disponer de perros que cuiden el ganado, lo que permite espantar a los pumas y zorros y no generar estos daños colaterales. Además se busca colocar luces que simulan los ojos de animales para que el depredador no se acerque”, dijo García Espil.

“Por la cantidad que se encontró, es muy probable que sea [el pesticida] carbofuran; los análisis finales lo dirán. Afortunadamente, no hubo que lamentar envenenamientos humanos. Si un chico, por ejemplo, entraba en contacto con una pluma, por diversión, hoy la realidad sería otra”, graficó el funcionario.

Rayén Estrada, bióloga de la Fundación Bioandina y becaria doctoral de Conicet, es una de las especialistas que viajaron a esta provincia para recoger muestras de los cuerpos. “Es un típico caso de envenenamiento porque encontramos, además de los cóndores, otros animales domésticos”, indicó.

El año pasado la Fundación Cullunche denunció la muerte de cóndores por ese potente pesticida, luego de la muerte de 32 ejemplares en todo el país. Según señalaron, las muestras de laboratorio arrojaron la presencia de carbofuran en el contenido estomacal y del buche de las aves. “Venimos enviando notas y realizando denuncias por el mal uso y abuso de estos productos en la provincia. No hay trazabilidad ni seguimiento de quiénes compran y usan estos productos”, denunció en esa oportunidad la veterinaria Jennifer Ibarra, que por estas horas insiste en la necesidad de una ley que permita conocer a través de registros quiénes compran los pesticidas.

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FuenteLa Nación
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