El inicio para ganar la lucha contra los delitos tributarios

Como legislador provincial y presidente del Bloque NEPAR, considero necesario compartir con la ciudadanía nuestro pensamiento sobre la aprobada reciente Ley 5995/17, que ratifica el Acuerdo de Financiamiento y Colaboración entre el Estado Nacional, la Administración Federal de Servicios Públicos (AFIP) y la Provincia del Chaco, celebrado el 30 de marzo de 2017.

Juan José Bergia.

Por Juan José Bergia

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Los acuerdos que oportunamente suscribieran las distintas provincias con el Gobierno federal indican un cambio de paradigmas, fundamentalmente en la planificación fiscal, tanto de la Nación como de las Provincias.

Este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial solo pretende avanzar aún más en la sustentación de esta gama de acuerdos fiscales y, en este caso, se trata de las fuentes de financiamiento para el funcionamiento del máximo órgano de recaudación de impuestos nacionales como es la AFIP.

Ya lo venimos diciendo, que tanto el Consenso Fiscal como la Ley de Responsabilidad fiscal, no deben quedar en meras declamaciones retóricas; sino que a estos acuerdos hay que dotarlos de contenido y de sustento práctico para que – ese gran marco de acuerdo nacional – pueda redituar los frutos que todos esperamos y para lo cual las distintas administraciones del Estado deben trabajar.

En este sentido, el acuerdo de financiamiento firmado por la provincia, no solo es de beneficio para el organismo de recaudación federal; sino que, además, permitirá tener un panorama claro de los fondos que servirán de sustento económico al organismo federal y evitara que la provincia tenga sobresaltos a la hora de calcular los recursos que se le detraen para financiar a la AFIP.

Esto es dar claridad y transparencia, tanto a los fondos que debe recibir la provincia, como aquellos con los cuales se debe administrar la AFIP. Y esta transparencia será un herramienta de control a fin de eficientar los recursos y administrar y controlar el gasto del funcionamiento del organismo

Pero creemos que lo más sustancioso no está solo en el financiamiento del organismo nacional, sino en el amplio abanico de posibilidades que se abren a los efectos de mejorar las recaudaciones de la provincia, en tanto y en cuanto se pueda profundizar la cooperación entre nación y provincia, para desarrollar distintas estrategias que permitan combatir el flagelo de la evasión que – en definitiva – atenta no solo contra los Estados, sino que impide al ciudadano el acceso a más y mejores servicios públicos.

Es un reclamo a gritos de los sectores comerciales e industriales luchar contra la evasión y especialmente combatir la informalidad y la competencia desleal, desde las ventas en negro, hasta las ventas de productos de dudosa procedencia. En la medida que no homogenicemos políticas publicas entre Nación y Provincia para combatir este flajelo, la lucha estará destinada a ser un esfuerzo en vano.

Hoy tenemos poco más del 40 % de la economía en la informalidad, desde los empleados sin registraciones, que desfinancian las arcas previsionales, hasta el mercado negro de los distintos bienes y servicios que se comercializan a diario o de la producción que se mueve por fuera de los controles fiscales.

Creemos que en el marco de este acuerdo, que hoy se ratifica en nuestra Legislatura, es de fundamental importancia la cláusula tercera. Porque, a partir de allí y de los convenios de cooperación mutua entre AFIP y ATP, se pueden establecer numerosos mecanismos de lucha efectiva contra la evasión, permitiendo mejoras en la recaudación y esperando que eso también impacte en la reducción paulatina del déficit fiscal.

Es importante avanzar sobre la homogenización de los vencimientos, el nomenclador único de actividades, la segmentación de los contribuyentes, no solo por actividades y niveles de cumplimiento, sino también atendiendo a las distintas realidades regionales.
Todos estos elementos son de gran avance para lograr un sistema tributario más ordenado y también es pedido y reclamado por las distintas entidades profesionales y comerciales.

Necesitamos armonizar un sistema que le permita – a los organismos nacionales y provinciales – estandarizar un registro tributario unificado. Será la base para que los contribuyente puedan realizar sus declaraciones impositivas unificadas, y no la locura que actualmente deben padecer contribuyentes y profesionales con regímenes de información engorrosos y sin utilidad fiscal.

También será necesario que el Estado brinde la infraestructura de redes que permita desarrollar sistemas de información, recaudación y cumplimiento por parte de los contribuyentes que hoy – en distintas regiones del Chaco – adolecen de la conectividad suficiente y necesaria para dar cumplimento a los requerimientos del organismo recaudador, tanto nacional como provincial.

En esto deberán realizarse las inversiones que se necesiten para que un comerciante de Taco Pozo o de Miraflores pueda contar con las herramientas que le permitan estar dentro del sistema y poder cumplir con sus obligaciones. Se pretende que estos comerciantes de las zonas rurales e inhóspitas cuenten con pos net y emitan facturas electrónicas, cuando no cuentan con la infraestructura necesaria para poder hacerlo y esto es una falencia que el Estado debe corregir.

Por otro lado, hace unos días aprobamos en esta Legislatura una Ley que permite avanzar sobre la educación tributaria en los establecimientos educativos, y allí hicimos hincapié precisamente en lo que este convenio prescribe respecto de desarrollo de programas de capacitación y de educación tributaria. Es desde la concientización y la educación donde debemos comenzar a ganar la lucha contra los delitos tributarios.

Ya está visto que los regímenes sancionatorios terminan siendo un castigo más para aquellos que intentan cumplir y que, muchas veces, la propia situación económica de los negocios les impide hacer frente a sus obligaciones fiscales.

En cambio quienes hacen del delito tributario una organización destinada a perjudicar al fisco y al ciudadano, siempre está al margen de las sanciones, porque directamente está fuera de los sistemas de control. Y en esta concientización, también es menester que se involucren los sectores comerciales y profesionales.

La lucha contra la evasión y el delito tributario debe ser una lucha de todos y en favor del Estado y del ciudadano. En definitiva, en favor del pueblo.

Por eso creemos que este convenio que el Estado Provincial celebra, posibilitará dotar al organismo AFIP de mejores fuentes de financiamiento, claras y transparentes; y, por otro lado, dará mayor previsibilidad a los fondos con que pueda contar la Provincia. Y como beneficio indirectos pero muy importante a la vez, la posibilidad de mejorar los regímenes de recaudación a partir del compromiso y colaboración mutua entre Nación y Provincia.

 

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