Trabajadores de la Línea 137 no cobran desde el 10 de noviembre

El área del Ministerio de Desarrollo Social atiende alrededor de 12 mil casos de mujeres en situación de violencia en el Gran Resistencia. Son cerca de 40 trabajadoras y trabajadores que se encuentran en plena incertidumbre por la falta de pago de becas “vulnerables”, con las que el Estado sostiene los recursos humanos de un área esencial para la atención y contención de víctimas de violencias.

Trabajadoras y trabajadores de la Línea 137 no cobran desde el 10 de noviembre

Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, de la Línea 137, beneficiarios de becas Vulnerables, mantienen una protesta luego de haber percibido el cobro de ese beneficio, por última vez, el 10 de noviembre y encontrarse frente a la incertidumbre y la falta de información oficial respecto de la regularización de los pagos.

Advertisement

Manifestaron que si bien esta irregularidad afecta a unos 40 trabajadores y trabajadoras de la cartera social, la beca llega a cerca de 1000 personas en todas las reparticiones del Estado, que se encontrarían en igual escenario.

La preocupación pasa también porque si bien elevaron notificación a las autoridades de Desarrollo Social, no han obtenido respuestas concretas ni tampoco información oficial que los saque al menos de la incertidumbre, que también crece en torno a la proximidad de las fiestas de fin de año. “No hubo ningún tipo de comunicado, no hubo nada”, señalaron a este medio trabajadores que conforman el Programa que es central para la atención de mujeres en contexto de violencia,

El trabajo de la Línea 137

Cabe mencionar que quienes prestan servicio en el Programa de atención, asesoramiento, contención y acompañamiento contra las violencias de género; asisten a personas en contexto de abusos y malos tratos derivados del ejercicio de la violencia, cualquiera sea su naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos.

Desde el área, recordaron que la provincia se encuentra en emergencia de violencia de género, tal como lo dispone el decreto 1251/15. Señalaron que hoy, en el gran Resistencia, el número de mujeres en contexto de violencia supera los 12.000 casos, atendidos por el Programa, y suman 16 los femicidios cometidos sólo en 2017.

“Desde el año 2012 a la actualidad nos encontramos precarizados con un acuerdo de mejorar las condiciones de remuneración de todos y todas las trabajadoras, teniendo en cuenta los riesgos a los que nos exponemos trabajando como equipos interdisciplinarios de emergencia, en las cuales no contamos con ningún tipo de seguridad, presentando únicamente el cuerpo como defensa, ante agresores, por acompañar a las personas en situación de violencia de género, también la exposición insalubre de manera psicológica conocida como el síndrome de burnout, o síndrome de las cabezas quemadas, teniendo en cuenta que los equipos no cuentan con ningún tipo de cobertura médica, para acceder a los tratamientos en estos casos”, mencionaron en un comunicado que también difundieron desde el área.

En ese marco, reiteraron el reclamo por sus derechos laborales, y precisaron que “el programa paga a sus empleados con una beca llamada Vulnerable que en ningún caso alcanza el mínimo vital y móvil, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social”.

Manifestaron que al 20 de diciembre continúan en la incertidumbre y que en el sector hay mayoría de mujeres que “son el único sostén económico de su hogar. Hasta el momento no hubo ningún tipo de comunicado oficial sobre la situación, la cual se torna insostenible, llegando a la imposibilidad de asistir al lugar de trabajo al no percibir el salario”, graficaron.

Por último, anticiparon medidas de fuerzas “que nos llevarán a realizar guardias mínimas, atendiendo únicamente la urgencia como “una situación crítica de peligro evidente para la vida de la víctima y que requiere una actuación inmediata”, con atención telefónica y desplazándose el equipo, no así en lo que refiere a las emergencias”, informaron.

Advertisement
Compartir