“Hay un mensaje de permisividad y de sofisticación de los métodos de tortura”

En declaraciones a CIUDAD TV, la presidenta del Comité contra la Tortura, Silvina Canteros, criticó la sentencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que consideró que Víctor Cindric no fue torturado previo a su muerte y que se deberá fijar una nueva condena a los policías condenados.

Silvina Canteros, presidenta del Comité Provincial de Prevención de la Tortura

La polémica sentencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que consideró que no hubo tortura antes de la muerte del joven Víctor Cindric y que dejó a un paso de la libertad a los policías condenados a perpetua por el hecho que tuvo lugar en septiembre de 2014 en la Comisaría de Tres Isletas, no deja de generar repercusiones.

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“La sentencia está abriendo una puerta y dando un mensaje de una importante impunidad en el campo de los delitos que tienen que ver con los funcionarios públicos en ejercicio de las funciones de seguridad pública, está permitiendo que los hechos graves que configuren tortura no sean vistos como tortura porque está fijando en este fallo algunos criterios arbitrarios para decir qué es tortura y que no lo es”, reflexionó Canteros. En ese sentido, advirtió que el fallo firmado por los ministros Emilia Valle y Rolando Toledo también hace un guiño para “perfeccionar las diferentes formas y métodos de malos tratos y torturas con el fin de que no queden rastros; así, si no tenés rastros, podés decir que no hay torturas”. Graficó, asimismo, que “un submarino seco jurisprudencialmente está considerado tortura pero no deja rastros físicos en el cuerpo, más que el relato de la víctima o los elementos que podés encontrar en el lugar”.

“Si vamos a estar diciendo nada más que la gravedad de los tormentos para que constituyan tortura tienen que estar plasmadas directamente en el cuerpo con las lesiones y no estás analizando las demás condiciones personales y las circunstancias, vas a estar descartando un montón de hechos que van a significar tortura no solamente por la brutalidad del golpe, que puede que no exista, pero no vas a ver tortura cuando hay sofisticación en los métodos para torturar”, recalcó la titular del Comité Provincial de Prevención de la Tortura que fue querellante particular durante el juicio oral y público.
“La primera reacción, que es política, es qué mensaje estás dando y qué criterio estás fijando a los futuros judiciables, hechos e imputados que vas a traer a juicio: estás dando un mensaje de permisividad y de sofisticación de los medios de tortura”, aseguró Canteros.

Cuestionamientos técnicos a la sentencia

Por otro lado, la titular del Comité Provincial de Prevención de la Tortura analizó lo que considera deficiencias técnicas en la sentencia de la Sala Penal del STJ. Al respecto, consideró que el máximo tribunal “está haciendo valoraciones parciales de las pruebas y sopesando aspectos que le favorecen para lograr una calificación menos gravosa (de tortura seguida de muerte –que prevé perpetua- a vejaciones agravadas por el uso de violencia y con fines de venganza y homicidio preterintencional, en concurso real –que establece penas de 2 a 9 años de prisión-).

En ese sentido, Canteros advirtió que el STJ no analizó que la víctima tenía “18 años recién cumplidos, que estaba con 1,99 miligramos de alcohol en el cuerpo, que estaba reducido, que era superado por número de funcionarios policiales y que estaba dentro de una comisaría”. En cambio, sí “se limitó a observar que, según lo que cuenta el cuerpo de Víctor, no hubo una tremenda paliza porque se encontraron escoriaciones en la cara, en la pierna, en el codo; en todo caso dice que debiera tener muchas más lesiones, no hay suficientes lesiones para decir que hubo una gran paliza, hay apenas escoriaciones por eso lo pone en el plano de las vejaciones, y la figura que creen más conveniente es el homicidio preterintencional”.

“Son crímenes de Estado”

Asimismo, advirtió que la sentencia también ubica en una situación incómoda a la Provincia y al propio Estado Argentino como firmantes de la Convención de Prevención de la Tortura y una serie de tratados internacionales que obligan a perseguir e investigar ese tipo de delitos cometidos por el propio Estado. “Se omite y se viola la Convención cuando se califica los hechos traídos a juicio de una manera menos gravosa de lo que pueda corresponder. La tortura seguida de muerte tiene como pena la reclusión perpetua”, explicó.

En ese sentido, precisó que “la figura delictiva comprende no sólo al que quiso torturar y matar con la tortura sino al que torturando se le muere la persona. Por eso las cuatro partes acusatorias habíamos planteado, no importa si tuviste la intención de matar, se te murió y esa es la figura delictiva”.

“Estamos hablando de crímenes de Estado, no de delincuencia común y ordinaria, es el Estado a través de funcionarios policiales quienes deben dar seguridad y garantía, proteger la vida y los bienes, y valiéndose de su condición de policía, de su autoridad, de la ejecución de órdenes terminan violentando la vida, la integridad física de las personas, los bienes patrimoniales, y terminan con la vida y de allí la responsabilidad del Estado en calificar correctamente los hechos que pueden configurar torturas, apremios o vejaciones y no buscar figuras delictivas o calificaciones legales menos gravosas por el hecho de que la tortura seguida de muerte sea de una pena única de prisión y reclusión perpetua”, concluyó Canteros.

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