UPCP: “El abuso de poder del Ejecutivo Nacional puso de rodillas a los gobernadores”

El gremio estatal denunció al gobierno macrista que doblegó a los mandatarios provinciales, "que cambiaron dádivas para el despojo a los jubilados, pensionados, excombatientes, discapacitados y niños y niñas beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo".

UPCP contra el ajuste a jubilados.

El duro documento señala que, “para los cómplices del saqueo a 17 millones de personas y a los trabajadores presentes y futuros, la única solución es el juicio político”. Remarcando que, “la conducta demostrada por el gobernador de la Provincia del Chaco y los diputados, como así también todos aquellos que votaron la reforma jubilatoria, configura un incumplimiento de los deberes del funcionario publico”.

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En ese sentido, el secretario General de UPCP, Lic. José Niz, aseveró que, “tanto los diputados como el gobernador del Chaco violan los derechos de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Y que esta acción impresentable afectará a los trabajadores de hoy y los de mañana”.

“Las acciones desarrolladas en Capital junto al Gobierno Nacional – en la que los gobernadores fuera del Congreso de la Nación – deciden que se sancione la Ley que hiere de muerte a los más vulnerables; agregando una crisis de institucionalidad, poniendo en peligro el sistema republicano y la división de poderes”, agregó el sindicalista.

“Tenemos una clase política que nos averguenza, no tienen problemas en arrodillarse ante las recetas del Fondo Monetario Internacional y de resignar las banderas de los derechos y garantías constitucionales”, dijo Niz.

También remarcó que, “el saqueo amparado por los gobernadores, entre ellos el de la Provincia del Chaco, transgrede de modo aberrante el mandato que le ha otorgado el pueblo para defender los derechos de todos los ciudadanos”. Considerando que, “lo único que nos queda, para quienes traicionan los derechos de los jubilados, es el procedimiento constitucional de juicio político, por mal desempeño de sus funciones tal como lo establece el Art. 53 de la Constitución Nacional”.

“Y es triste decirlo: los funcionarios podrán ejercer su defensa, mientras los afectados solo reciben represión y robo de sus haberes sin siquiera haber sido escuchados”, finalizó José Niz.

 

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