Reforma Jubilatoria: el chaqueño Mosqueda apoyó el polémico dictamen de Cambiemos

En su primera intervención como diputado nacional, el chaqueño Juan Mosqueda acompañó el dictamen de mayoría del proyecto de Reforma Jubilatoria que impulsa Cambiemos en el Congreso de la Nación. La iniciativa fue tratada este martes en comisión y terminó en un escándalo, con gritos, empujones y acusaciones cruzadas.

En una reunión de alto voltaje discursivo, empujones y hasta golpes de puño, la Cámara de Diputados emitió dictámenes de comisión sobre la reforma previsional, en una sala a la que ingresaron manifestantes de organizaciones sociales y políticas, que insultaron a legisladores y a los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triaca, que fueron a defender la iniciativa.

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Es el proyecto más codiciado por la Casa Rosada de todo el paquete de leyes que envió al Congreso y el que más resistencia causa en la oposición, principalmente porque establece una nueva actualización de los haberes jubilatorios que significará menores aumentos que con la fórmula actual.

Tras la firma de dictámenes -de mayoría, firmado por Cambiemos, y de rechazo, por el kirchnerismo y el massismo, entre otros bloques-, la reforma, que ya tiene la media sanción del Senado, quedó lista para ser debatida en el recinto.

Esto se producirá el miércoles de la semana que viene, en una sesión que también se anticipa caliente y para la cual Cambiemos espera contar con el número suficiente de votos para convertirla en ley.

Si los 257 diputados estuvieran presentes, Cambiemos necesitaría 129 (la mitad más uno) para aprobar la reforma. El interbloque oficialista tiene 107 miembros, de modo que le faltan 22 votos más. Tendrán que trabajar con denuedo para lograrlos. El oficialismo espera contar con el apoyo de algunos diputados de los 35 que integran el interbloque Argentina Federal, que responde a nueve gobernadores. Pero este espacio está dividido.

Sin embargo, cuatro de sus integrantes firmaron ayer junto con Cambiemos el dictamen de mayoría: el tucumano José Orellana, el misionero Jorge Franco, el chaqueño Juan Mosqueda y el cordobés Paulo Cassinerio.

El oficialismo también espera contar con el voto de los seis diputados del Frente Cívico por Santiago, que responde al mandatario santiagueño Gerardo Zamora.

La reforma previsional fue acordada entre el Gobierno nacional y 23 de los 24 mandatarios provinciales (el único que no firmó es el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá). Forma parte del paquete de leyes económicas pedidas por el presidente Mauricio Macri junto con las reformas impositiva y laboral, el Presupuesto 2018, el Consenso Fiscal, el régimen de Responsabilidad Fiscal y el revalúo de Ganancias para balances de empresas.

Los tironeos caldearon la reunión desde el primer minuto, cuando Leonardo Fabre (Apops), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Roberto Baradel (Suteba), entre otros, reclamaron participar de la discusión, acompañados de jubilados que llevaban carteles en rechazo.

Debate y polémica

Con la certeza de que el debate sería álgido, Cambiemos había corrido de la presidencia de la comisión de Previsión a la opositora Mirta Tundis (Frente Renovador) para designar allí a un PRO línea dura. Eduardo Amadeo, de él se trata, condujo el debate con chicanas a la oposición y buscó restringir la palabra a los sindicalistas, aunque finalmente debió aceptar que hablaran. Fue después de que forcejearan con el personal de seguridad de la Cámara, al punto de que debió intervenir el jefe del bloque del PJ-FPV, Agustín Rossi, que saltó una mesa y se arrojó sobre los contendientes para enfriar la discusión.

El bancario Sergio Palazzo advirtió sobre la inconstitucionalidad de la retroactividad de la ley y que no se trataba de “un ahorro para el Estado sino una transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables a favor de poderosos empresarios que dejan de pagar impuestos”. “Son un Robin Hood al revés: le roban a los mas pobres para dárselo a los mas ricos”, sentenció.

Leonardo Fabre, de Apops, sostuvo que “es una reforma vergonzosa que desfinancia deliberadamente a la Anses que como en los ‘90 aplican las recetas del FMI y privatizar el sistema previsional”. “Ustedes quieren cumplir solo con los extranjeros. No nos vamos a olvidar lo que firmen hoy”, sentenció.

“Es una gran estafa al pueblo argentino”, dijo Sonia Alesso, de Ctera, y advirtió que esta política previsional y económica termina como en 2001, con “maestros sin cobrar en las provincias, bonos y cuasimonedas para pagar los intereses de la deuda externa hambreando a nuestro pueblo y los trabajadores”.

Carlos Ortega, de la Anses, consideró que el Fondo de Garantías de Sutentabilidad de la Anses creció geométricamente pagándole a los jubilados lo que les tenía que pagar” y que “con esta ley estamos en bancarrota”.

“Es un plan de ajuste terrible de Macri sobre los sectores más vulnerables que son los niños y los jubilados” y que “las cajas de jubilaciones provinciales también estarán afectadas por la ley de reparación histórica”, dijo el abogado previsionalista Cristian D’Alessandro.

El también previsonalista Miguel Fernández Pastor sostuvo que la ley “inconstitucional” no solo afecta los ingresos de jubilados y pensionados sino también “el cálculo a la baja de los haberes de los futuros jubilados en un 20 por ciento”.

El jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, respondió a los gritos. “¡No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con la máquina de imprimir billetes!”. Lo exaltado de su discurso provocó la reacción del diputado Alberto Ciampini (PJ-FpV), que se paró y se le puso cara a cara. “Andá a sentarte ahí. Yo no bajo nada el tono. ¡Ahora nos van a escuchar a nosotros! ¿¡Por qué no van a Marcos Paz a pedir por la guita!? ¡Señores diputados, no sintamos culpa! ¡Estamos arreglando lo que otros no tienen los huevos para arreglar!”, arengó Massot.

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