Chaco adhirió al Pacto Fiscal por el voto de una mayoría que se asumió preocupada

Con 26 votos del justicialismo y de Cambiemos, el Parlamento chaqueño aprobó el Pacto Fiscal al que suscribieron 23 provincias, la CABA y el Gobierno Nacional. El Frente Grande y el Partido del Obrero votaron en cartera. Los bloques mayoritarios expusieron su preocupación pero asumieron que fue el mejor acuerdo al que pudo arribar la Provincia.

El Parlamento chaqueño prorrogó en extraordinaria la Emergencia Económica y Financiera para evitar la ejecución de embargos judiciales. (Foto de Archivo)

Con la nueva conformación del cuerpo legislativo se realizó este miércoles la sesión ordinaria N°37, la última del ejercicio 2017. Abordó, entre los proyectos de mayor peso, el remitido por el Ejecutivo para autorizar el Pacto Fiscal que firmó el 16 de noviembre con el Gobierno Nacional y otras 22 provincias además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Tras un amplio debate y expresiones hasta disidentes en las filas de una misma bancada, se sancionó la ley por 26 votos a favor y dos en cartera. Aunque la amplia mayoría hizo explícita su preocupación y hasta temor por lo alcances que pueda tener incluso una vez que se aprueben las reformas que a nivel nacional impulsa el Gobierno de Cambiemos.

La normativa también faculta a desistir de las acciones judiciales iniciadas para reclamar al Estado Nacional los fondos coparticipables cedidos en aquel otro pacto federal del año 92′.

Las posiciones en el Recinto sobre un “Pacto político”

El proyecto de Pacto Fiscal fue abordado por el justicialista Ricardo Sánchez, el primero en referir a un acuerdo “del tipo político” en la búsqueda de un aval por parte de Nación. Describió en rasgos generales la situación de la provincia con una masa salarial que ronda los $2.500 millones e ingresos coparticipables por más de $2.800 millones mensuales y habló de “posibilidades estrechas”.

No guardó su preocupación por el punto que establece la transferencia de $20 mil millones del Banco Nación en 2018, y advirtió: “No sabemos si esconde alguna otra tentativa de privatización futura”. Y, con el mismo énfasis, informó que en materia previsional “se establece que el Gobierno Nacional va a hacer reformas en la distribución y cuidado porque hay un inciso que garantiza haberes equivalentes al 82% solo para los que cumplieron 30 años de servicio con aportes efectivos, es una voz de alerta para el sector pasivo. Eso se está analizando hoy en el Congreso Nacional con otra ley, la reforma previsional, acá decimos que estas cuestiones encienden alarma por más que sea específicamente tratado en otra ley que no tiene que ver con este pacto fiscal” agregó.

También entre los punto negativo, mencionó que “hay compromisos; como la ley de modernización del Estado, y el convenio establece una modificación de la ley de impuesto a las ganancias con la derogación del artículo 104 del impuesto, que es importante, porque garantizaba una liquidez diaria por goteo que es uno de los fundamentales ingresos que tenemos como provincia, y esto es una detracción de ingresos que está tabulada”.

Dicho esto, rescató “cuestiones que son positivas” como “una compensación diaria y automática a las provincias que suscriban al pacto fiscal” y “cuestiones referidas al Fondo de la Soja” sobre las cuáles aseguró que existen garantías. Destacó que “se eliminan los mecanismos de penalización por la no armonización del sistema previsional”, establecido en el propio convenio. Y explicó que esto “a su vez implica una obligación del Estado nacional para ayudar a estos déficit previsionales”. “Obvio que no nos van a pagar el déficit que llega a $2.000 millones este fin de año. El Estado nacional se va a obligar a equilibrar lo que sería el déficit previsional si hubiésemos transferido la caja a Nación. Eso ayudará a paliar parte de nuestro déficit”, aclaró.

Otro último punto mencionado por el justicialista es que “los $6.000 millones no distribuidos del Presupuesto 2017 deben ejecutarse. Van a ingresar más de 457 millones más”.

Posteriormente, ratificó que en el Pacto, en uno de los anexos “figuran todas las demandas que iniciaron las provincias contra la Nación. Está nuestra provincia del Chaco también. Nosotros en este pacto nos estamos obligando a desistir a estos procesos judiciales iniciados. Aquí estamos desistiendo de la acción. Todas tienen que desistir”.

“Es un pacto fiscal positivo para la provincia, garantiza gobernabilidad, compensa las pérdidas por la eliminación del artículo por ganancias”, consideró luego.

Por la bancada de Cambiemos, Livio Gutiérrez no dudó en manifestar que su preopinante, Ricardo Sánchez, “metió miedo” y reforzó la idea de “pacto fiscal”. Explicó que la demanda contra el Estado Nacional, a la que renuncia el Chaco, “era la devolución del 15% que reclamó siempre nuestro bloque. Esa devolución parcial la hizo el gobierno de Mauricio Macri”.

Analizó de todos modos dos temas muy complejos: “Los tributos sobre la nómina salarial los elimina (Fondo de Salud Pública). Es lo que nutre a la salud pública”, explicó y aseguró que el Pacto “está sacando ingreso a los precios brutos. Esto que tiene que ver con lo macro va a impactar en nuestro microsistema tributario”.

Posteriormente, aseguró que el Pacto traerá aparejado “otras cosas” que obligarán a “ajustar el gasto público” y aclaró que por eso habían planteado “reformular el presupuesto”. En un combo de advertencias, el radical afirmó: “Estamos hablando de sacar ingresos brutos, tendremos que buscar los reemplazos, va a impactar en nuestro micro tributario, en nuestros Municipios, tenemos que trabajar, no con la sola visión que puede ser bueno para la provincia, sino además tener pautas fiscales serias, y no tener más presupuestos deficitarios con endeudamientos permanentes, que no solo es una cuestión provincial sino nacional”.

Desde el Partido del Obrero, se expresó el flamante diputado Aurelio Díaz. Recordó que le pacto fiscal Menem- Rosas lo encontró “en la calle, peleando”. “Las consecuencias de eso lo tuvimos el 20 de diciembre con la caída de De la Rúa. Fue un golpe durísimo para los trabajadores” aseguró. También manifestó que “este pacto fiscal no es aislado de la reforma jubilatoria, fiscal e impositiva. Es un combo de nafta, pólvora y dinamita. Esto no es la salida de la provincia. Las provincias gobernadas por el justicialismo tendrían que salir a plantear esta solución”, cuestionó y adelantó que “desde el Partido Obrero estamos en contra de esto. Espero que reflexionen los bloques. Esto desemboca en corte de ruta, saqueo y muerte”, vaticinó.

Desde el Frente Grande, Daniel Trabalón, aseguró que “si lo que dijo Sánchez daba miedo, lo que dijo luego Gutiérrez fundamenta ese miedo”. “No podemos avanzar en un acuerdo que a las claras condiciona a la provincia. La legislatura no debe avanzar en la aprobación en esta sesión. Los fundamentos de ambos están en ese sentido (Sánchez y Gutiérrez). Uno de los objetivos centrales es profundizar el ajuste. El proyecto de ley tiene dos artículos pero el convenio es mucho más amplio. Tiene muchos puntos oscuros. Se está descapitalizando al Banco de la Nación Argentina en $20 mil millones. ¿Quieren privatizarlo más adelante? ¿No merece este tema un debate más amplio y profundo? Gutiérrez lo dijo, “este convenio significa achicar el gasto público””, reclamó aunque no encontró eco en el pedido para extender su análisis, cuando lo planteó a los bloques mayoritarios.

Desde el justicialismo, Darío Bacileff Ivanoff tomó la palabra, habló por él y por la “tranquilidad” de su conciencia. “No lo noto ni lo veo con la fuerza de una ley ni por debajo de la Constitución. Es nada operativo este Pacto Fiscal. Esto no es un instrumento jurídico sino político con el cual el presidente lleva adelante su plan económico de ajuste e incluye a gobernadores en ese plan a los efectos de bajar los costos políticos. Nada se resuelve aquí. Aquí se buscó compartir costos o evitar costos políticos. Sí genera miedo, sí genera preocupación”.

Desde la UCR Cambiemos, Alejandro Aradas coincidió de manera implícita en los riesgos del Pacto aunque sostuvo: “Este pacto fiscal refleja la situación del país o en la que nos dejaron el país”.

El justicialista Juan Manuel Pedrini fue en positivo y alentó al grueso de los legisladores a quienes la preocupación por lo que estaban votando ya les pesaba. Rescató del Pacto la anulación de la medida judicial impulsada por María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano. “Se están resolviendo demandas multimillonarias y Chaco no estaba en la mejor posición. Este es un Pacto que en ese sentido hay que rescatar. A ninguna provincia se le toca un peso. Este pacto logra mantener la paz tributaria. Estoy convencido que en ese contexto y en las circunstancias en la que se están llevando adelante las negociaciones es la mejor negociación a la que pudo haber arribado el gobierno del Chaco. Votemos confiados cuando se le ofrecen 700 millones más y 1.000 millones más por el déficit. Vamos a poder mantener y fortalecer nuestro sistema previsional”.

Juan José Bergia, por el PJ, habló de “una Argentina distinta en donde se apostó más a la timba financiera que a cualquier otra gestión. Debe haber reglas claras para las distintas provincias. No tenemos que apostar a la timba financiera sino a hacernos responsables”, expresó el legislador y luego cuestionó: “Una cosa es gobernar y tener el compromiso con 77 mil empleados que tiene esta provincia. Por eso digo que es necesario este pacto fiscal y es necesario que este Frente Chaco Merece Más no va a trabajar para despedir sino para generar que todos los chaqueños estén mejor y que las empresas quieran trabajar en el Chaco”.

El jefe de la bancada justicialista, Hugo Ságer se expresó “convencido de lo que se va a votar”. Recordó el traspaso de los sistemas previsionales de provincias a Nación y también a los 11 legisladores que con su voto mantuvieron el sistema previsional en la provincial. “Fueron justicialistas, esa lucha no fue en vano”, valoró.

Y también rescató del Pacto Fiscal que “garantiza una parte de la financiación del déficit”. “Nosotros somos los más interesados, por historia, por ideología, en buscar una alternativa para el Fondo de Salud Pública (retomando la preocupación de Gutiérrez). No es el mejor proyecto pero es el posible y la decisión de nuestro gobernador (Domingo Peppo) ha sido la correcta”.

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