Piden elevar a juicio oral a policías por los delitos que derivaron en la muerte del artesano Juan Angel Greco

Se trata de los agentes acusados por la detención ilegal y las vejaciones cometidas durante el traslado del joven desde el destacamento policial del Barrio 500 Viviendas Barranqueras hasta la Comisaría de Puerto Vilelas, donde su celda fue incendiada, muriendo pocos días después.

El artesano Juan Angel Greco murió por un incendio en su celda, en 1990 a los 24 años.

En el marco del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado chaqueño (y el Argentino) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el titular de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, Francisco Daniel Turraca, solicitó la elevación a juicio oral de los cinco policías que intervinieron en la detención ilegal y las vejaciones contra el joven artesano Juan Angel Greco y que luego derivara en su muerte tras el incendio de su celda en la Comisaría de la localidad de Puerto Vilelas en junio de 1990.

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La presentación, a la que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, fue realizada ante el Juzgado Correccional Nº 3, a cargo del doctor Víctor Lucazevitch. En el auto de elevación a juicio, el fiscal Turraca acusó a Adolfo Eduardo Valdéz por el delito de “privación ilegítima de la libertad y vejaciones”, a Ramón Antonio Brunet y Francisco Walter González por el delito de “privación ilegítima de la libertad y vejaciones en concurso real” y a Amado Brígido Gómez y a Jorge Antonio González por el delito real de “encubrimiento en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Para apuntalar la investigación y garantizar los compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la CIDH, el 8 de mayo de este año (Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional), la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco, a cargo de Juan Carlos Goya, se constituyó como querellante particular en la causa.

Los hechos

El día 24 de junio de 1990, cerca de la medianoche, Juan Angel Greco junto a un amigo acudieron al destacamento policial del Barrio 500 Viviendas de Barranqueras para denunciar agresiones que había sufrido Greco minutos antes. Ante la negativa de los funcionarios policiales de recibirles denuncia y sus maltratos, ambos se retiraron del lugar.

Posteriormente, otros dos agentes policiales (Francisco González y Ramón Antonio Brunet) interceptaron a Greco y lo trasladaron a la unidad policial, momento en el cual el fiscal Turraca define que “se consuma la detención ilegal y su privación ilegal de la libertad”.

Luego, el cabo a cargo del destacamento de Barranqueras solicitó a la Comisaría de Puerto Vilelas un móvil para poder trasladarlo allí porque en ese destacamento no tenían lugar para alojarlo. Al llegar el móvil policial (en se trasladaban los agentes Eduardo Valdéz y Jorge Antonio González) Greco “es cargado mediante vejaciones a la parte trasera de dicho móvil” para ser trasladado a la Comisaría de Puerto Vilelas, ante lo que Greco opone resistencia. En ese sentido, el fiscal Turraca aclara que la actitud de Greco no constituía delito en tanto que “no existía orden legítima emanada de autoridad competente”.

Posteriormente, la celda en la que se encontraba alojado Juan Angel Greco se incendió en circunstancias que nunca fueron aclaradas y, como consecuencia de las quemaduras sufridas, el joven falleció pocos días después en el Hospital Perrando de Resistencia, más precisamente el 4 de julio de 1990.

La denuncia ante la CIDH

Ante la CIDH, los familiares de Greco apuntaron que la Policía era responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital. Finalmente, el artesano fue hospitalizado hasta su muerte, el 4 de julio de 1990, cuando fue enterrado sin practicársele una autopsia adecuada, según la denuncia.

En la presentación, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señalaron también que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar los hechos aducidos, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia y a obtener una indemnización.

Tras tomar intervención en el caso, la CIDH obligó al Estado Argentino y a la Provincia a comprometerse a una “solución amistosa” que incluía, entre otros puntos, avanzar con el esclarecimiento de las responsabilidades penales y en la creación de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos.

En su informe anual del año 2016, la CIDH consideró que esa “solución amistosa” se encontraba “parcialmente cumplida” e instó al Estado a suministrar información sobre los incumplimientos, entre ellos, el avance con el juzgamiento de los responsables por las torturas que habría recibido Greco durante sus días de detención.

 

 

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