Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura quieren ser querellantes en un caso de gatillo fácil

Jesús Martínez, de 18 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza de un agente policial. La causa se investiga como “muerte dudosa” pero ahora piden que se la recaratule como “homicidio agravado” por haber sido cometido por policías. Y que se les dicte preventiva a los dos imputados.

Familiares de Jesús Martínez piden justicia en las puertas de la sede de las Fiscalías (Foto: Diario 21)

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura solicitaron constituirse como querellantes particulares en una causa en forma conjunta. Es en la que hasta ahora se investiga como “muerte dudosa” del joven Jesús Ramón Martínez, pero en la que todo apunta a que se trató de un nuevo caso de “gatillo fácil”.

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La causa se tramita en el ámbito de la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos, a cargo del doctor Daniel Turraca y, en ese marco, ambos organismos solicitaron que se recaratule la causa y se investigue como “homicidio agravado por ser cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad” y como “encubrimiento”. Paralelamente, se pidió que se dicte la prisión preventiva del agente Luis Alfredo Sánchez -quién efectuó el disparo- y del sargento Jorge Raúl Duré -presunto encubridor-, ambos de la Comisaría Primera de la ciudad de Barranqueras. Además, la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Provincial de la Tortura solicitaron que se lleve adelante la reconstrucción del hecho.

La intervención de la Secretaría que conduce Juan Carlos Goya está avalada por un decreto firmado por el gobernador Domingo Peppo y en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado chaqueño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la “solución amistosa” por el caso Greco. Días atrás, el ministro de Seguridad del Chaco, Martín Nievas, aseguró que habría testigos que confirmarían la versión policial del “forcejeo”.

El caso

El hecho se produjo el domingo 22 de octubre pasado, pasada la 1:30 de la madrugada, cuando, tras una persecución por el presunto robo de una motocicleta, el agente Sánchez disparó con su arma a la cabeza de Martínez, de 18 años, quién murió pocas horas después. Según la versión policial, el disparo se escapó en medio de un forcejeo cuando el agente Sánchez quiso evitar que el detenido le sustrajera su arma. Sin embargo, de la autopsia surgió que el tiro que ocasionó la muerte a Martínez impactó cerca de la nuca y que tuvo orificio de salida en el lado opuesto, lo cual lo emparienta más a una ejecución.

“Ejecución extrajudicial”

Según consigna el escrito de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, que lleva la firma del abogado Paulo Pereyra, para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la muerte de Jesús Martínez es una “ejecución extrajudicial”. Explica, en ese sentido, que una ejecución extrajudicial o arbitraria es la “muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad”. En este caso en particular, consideran que fue absolutamente desproporcionado el uso de la fuerza y de un arma de fuego en un procedimiento por el que se pretendía detener a una persona sospechosa de un ilícito pero que se hallaba desarmada.

 

 

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